Mediante una cuestión previa presentada por el congresista Ricardo Burga Chuquipiondo (AP), el Pleno del Congreso derivó a la Comisión de Educación el dictamen que propone modificar el artículo 16 de la Constitución Política, que fortalece el sector Educación con la inversión anual de no menos del 6 % del Producto Bruto Interno (PBI).

Burga precisó que su pedido tiene como objetivo que se efectúe un análisis más exhaustivo de la iniciativa, pues durante la sustentación del presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento, Omar Chehade Moya (APP), no había escuchado una opinión técnica atendible.

Por ejemplo, citó Burga, Chehade no informó la cifra del presupuesto de Educación en el 2020 y cómo va su ejecución; tampoco había escuchado una opinión de la Comisión de Educación o de la Comisión de Presupuesto. Además, señaló que la Ley 28044, Ley General de Educación, ya establece que el sector debe contar con el 6 % de presupuesto. Es decir, “la ley ya está dada”.

La cuestión previa fue avalada por Francisco Sagasti Hochhausler (PM) y José Vega Antonio (UPP). Votaron a favor 76 congresistas, 48 en contra y una abstención.

La propuesta

En la mencionada iniciativa, convergen los proyectos de ley 3469 y 5509, presentados en los años 2018 y 2020, respectivamente, y reemplaza totalmente el último párrafo del artículo 16 de la Constitución del Estado peruano, que quedaba como sigue:

“La educación es un derecho humano fundamental que garantiza el desarrollo de la persona y la sociedad, por lo que el Estado invierte anualmente no menos del 6 % del PBI”.

El dictamen proponía, además, una Disposición Complementaria y Final que establecía la coordinación para determinar políticas nacionales en educación, deporte y recreación y para lo cual se incluía el siguiente texto:

“El Ministerio de Educación en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas, determina las políticas nacionales en materia de educación, deporte y recreación, en concordancia con los planes de desarrollo, la política general del Estado, los criterios de priorización de inversiones del sector educación y el Plan Nacional de Infraestructura Educativa, bajo el criterio de cierre de brechas”.

De acuerdo con el artículo 206 de la Constitución Política del país, “toda reforma constitucional debe ser aprobada por el Congreso con mayoría absoluta del número legal de sus miembros, y ratificada mediante referéndum”. Mas el referéndum puede omitirse, “cuando el acuerdo del Congreso se obtiene en dos legislaturas ordinarias sucesivas con una votación favorable, en cada caso, superior a los dos tercios del número legal de congresistas”.

El primer párrafo de dicho artículo finaliza con una frase mandatoria: “La ley de reforma constitucional no puede ser observada por el Presidente de la República”.

Omar Chehade Moya manifestó que este fue un proyecto de bandera de la bancada de Alianza para el Progreso que inició el ex congresista Richard Acuña y fue continuado por el primer vicepresidente del Congreso, Luis Valdez Farías (APP).

PRENSA-CONGRESO