El Contralor General de la República, Nelson Shack, solicitó al Congreso apruebe la iniciativa presentada por la institución que dirige con el objetivo de restituirle a esa institución las facultades sancionadoras que les fueron quitadas en abril del año pasado.

Fue durante su participación en la sesión virtual de la Comisión de Vivienda y Construcción que preside el legislador Juan Carlos Oyola Rodriguez  (AP) que lo invitó para que informe sobre las acciones de control que hubiere tomado en el marco de la emergencia por covid-19.

Shack sostuvo que el sector vivienda es uno de los que menos recursos ha manejado hasta la semana pasada cuando se le dio una asignación de 535 millones de soles para el tema de bonos de vivienda. Para ello, la Contraloría ya ha organizado y designado equipos que acompañarán la distribución a los beneficiarios del fondo Mi Vivienda y al Ministerio del sector.

“Hasta el momento, en la etapa de emergencia sanitaria, la Contraloría ha generado seis mil 300 acciones de control, cuyos informes fueron publicados en su página web, correspondientes a los rubros de entrega de canastas, bonos, transporte, salud y otros. Estos informes han dado lugar incluso a acciones de Control de la Fiscalía. 32 de estos corresponden a Vivienda”, indicó.

Las acciones de control corresponden a 11 regiones y 14 entidades públicas incluido el  Ministerio de Vivienda,  donde se hicieron acciones de control en saneamiento y agua potable, pero el esfuerzo estuvo focalizado en la distribución de agua vía cisternas. “Se encontraron situaciones adversas en las diferentes acciones de control, pero el propósito es advertir oportunamente para que se pueda solucionar, al estar los hechos aún  en  ejecución. En un control posterior lo único que  cabe es postular las sanciones a funcionarios involucrados. Siempre prevenir es mejor que sancionar,  advirtió.

Nelson Shack saludó  también que el Congreso de la Republica haya aprobado la Ley  31016 para que el sistema nacional de control esté abocado a la vigilancia de acciones en esta etapa covid-19,  y anunció que a partir del próximo mes se realizarán controles posteriores de los que espera tomar medidas siempre y cuando se le restituya su capacidad sancionadora.

“No se debe generar sensación de impunidad, ya que se conocerán los nombres de  los infractores (en su página web). Se tendría que establecer inhabilitaciones serias, sin una ley que nos respalde sería imposible hacerlo. Los infractores quedarían impunes”, advirtió.

La legisladora Luz Cayguaray (FREPAP) informó de situaciones adversas ocurridas en Loreto que debilitaron a la región. Recordó que el hospital principal fue demolido y la obra está paralizada. “El año 2018 se advirtieron incongruencias con el correspondiente perjuicio económico de más de 6 millones de soles, dado que el monto total de la obra era de 266 millones, y aún en marzo último antes de la pandemia el gobierno transfirió al gobierno regional de Loreto, la suma de 29 millones de soles más. Urge un informe de auditoría”, sostuvo Cayguaray Gambini.

Lima, 24 de junio de 2020

PRENSA-CONGRESO