Retomando iniciativas que quedaron para dictaminar del Congreso anterior, la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología que preside el legislador, Lenin Bazán Villanueva (Frente Amplio), dio a conocer el texto que reúne dos iniciativas similares (Proyectos de ley 336/2016 CR y 389/2016CR) que proponen institucionalizar y articular la vigilancia y monitoreo ambiental y social que realiza la sociedad civil y los pueblos indígenas, a través de las Organizaciones de Vigilancia y Monitoreo Ambiental y Social (OVMAS).

La propuesta de ley marco sobre monitoreo ambiental tendrá alcance nacional, y será de aplicación en los diferentes niveles de gobierno a todas las entidades que forman parte del Sistema Nacional de Gestión Ambiental (SNGA).

Su aplicación comprende la acción de las organizaciones de la sociedad civil que desarrollan vigilancia, monitoreo ambiental y social, incluyendo aquellas conformadas por los pueblos indígenas.

En la sesión virtual participaron los dirigentes indígenas: Lizardo Cauper representante de AIDESEP, Jorge Pérez de ORPIO y Santos Chullo, representante de los monitores ambientales de Espinar – Cusco, quienes brindaron amplio apoyo a la iniciativa de ley ya que en la práctica son los pueblos indígenas que realizan el monitoreo y vigilancia ambiental.

Cauper sostuvo que es importante que mediante esta norma se reconozca el trabajo que hacen los monitores que como no son funcionarios no se reconoce los informes que ellos elevan a las autoridades ambientales.

Santos Chuchullo, presidente de los vigilantes ambientales de la provincia Espinar, recordó que ellos se conforman por la necesidad de hacer frente a los excesos de la actividad minera en el Cusco, donde metales pesados producidos por la minera Antapacay, son vertidos en los ríos Canipia y Salado, afectando el medio ambiente y la salud de los pobladores.

El monitor expresó su satisfacción por la propuesta de ley y sostuvo que todos los informes que han entregado a las autoridades de ambiente no han sido escuchados.

«Este proyecto de ley será un respaldo, es un clamor de la población, para defender los derechos ambientales y derecho a la participación ciudadana ambiental”, sostuvo.

El presidente de la comisión sostuvo que desde su experiencia personal también ha participado en actividades de monitoreo ambiental, observando como los monitores ciudadanos responsables acuden a acompañar a las autoridades como ANA y OEFA, las organizaciones que participan en la vigilancia de ambiente.

«Ellos sacan su contramuestra (en el caso de un derrame o vertimiento) y la analizan, pero, pese al esfuerzo de la ciudadanía todo se queda en buenas intenciones, sus informes no son tomados en cuenta. Con esta iniciativa se busca institucionalizar a la vigilancia indígena ciudadana y que los informes emitidos por ellos tengan capacidad vinculante», comentó.

Lima, 23 de junio de 2020

PRENSA-CONGRESO