La Comisión de Fiscalización, que preside el congresista Edgar Alarcón planteó la necesidad de invocar al presidente de la República, Martín Vizcarra declarar en emergencia el sector educación, ello en razón a las demandas de los padres de familia quienes solicitan la reducción de pensiones en los colegios y universidades privados en el marco de la declaratoria de Emergencia Sanitaria por el Covid-19.

Fue durante la mesa de trabajo que llevó a cabo la Comisión de Fiscalización en conjunto con la Comisión de Educación y Defensa del Consumidor para analizar la problemática de la educación privada y las pensiones educativas en nuestro país.

“Si el Poder Ejecutivo no declara en emergencia el sector educación, nosotros propondremos la iniciativa legislativa que nos permita tener las herramientas legales para poder impulsar las modificaciones en educación”, subrayó el parlamentario Edgar Alarcón.

Dijo que es necesario exigir al Ministerio de Educación dar cumplimiento al Decreto Legislativo 1476 que establece medidas de transparencia en los centros educativos privados a fin de supervisar si los costos, y los estados financieros de cada institución son reales.

Agregó que planteará al presidente del Congreso, Manuel Merino De Lama se priorice los proyectos de ley ligados al sector educación que se encuentran en diversas comisiones para que en el menor tiempo posible sean vistos y analizados en el Pleno temático.

En la misma línea, el legislador Reymundo Dioses, presidente de la Comisión de Educación, manifestó que ese sector no puede ser regulado como cualquier servicio, por lo que se requiere una regulación especial que pueda equilibrar la relación entre la institución educativa particular y los usuarios.

Precisó que en el grupo de trabajo que preside se viene analizando seis proyectos de ley referentes al tema de pensiones de las instituciones educativas particulares, de educación básica, técnica y universitaria que proponen reducción de pensiones.

“Desde la Comisión de Educación tenemos claro que si hay una variación de una educación presencial a una educación a distancia y virtual por eso consideramos que es necesario que se hagan los reajustes”, indicó.

En tanto, el presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor, José Luna Morales, dijo que desde ese grupo de trabajo que lidera se viene analizando una propuesta legislativa de la congresista Cristina Retamozo (Frepap) que propone hacer un reajuste a las pensiones de matrículas.

“Creemos que las pensiones deben ser justas y adecuadas. Nosotros estamos buscando la justicia social para los consumidores, venimos analizando la mejor opción para encontrar un medio justo para que los padres no se vean perjudicados”, sostuvo Luna Morales.

El congresista Yeremy Espinoza Velarde (PP) precisó que no hay un ente regulador que pueda resolver los abusos de algunos colegios privados para el cobro de pensiones.

Dijo que las cifras de alumnos que han sido trasladados de un colegio privado a un estatal (100 mil aproximadamente) refleja la crisis económica que ahora vive la población debido a la pandemia.

“Hay que ser conscientes porque la educación que se recibe en un colegio estatal tiene mucha diferencia con la que se recibe en un privado. Lamentablemente, no hay un ente regulador y las empresas juegan con sus balances”, dijo.

Previamente expusieron representantes de Indecopi y padres de familia quienes solicitan firmemente a los colegios privados la reducción de hasta un 50 % de la pensión por las clases virtuales o a distancia ya que no generan los mismos costos.

Lima, 11 de junio de 2020

PRENSA-CONGRESO