Con la finalidad de aportar propuestas e iniciativas para luchar contra la especulación y acaparamiento de diversos productos en el país, se presentó el lunes 25 el Fiscal supremo adjunto, Ramiro Gonzáles Rodríguez, en representación de la Fiscalía de la Nación, ante la Comisión de Defensa del Consumidor, que preside el legislador José Luna Morales (PP).

El fiscal informó sobre las diversas acciones que viene realizando su institución en relación al seguimiento y sanción contra toda forma de acaparamiento y especulación que se han incrementado de forma exponencial, en el marco del fenómeno Covid 19.

Al respecto, dio a conocer el proyecto de ley 5288/MP que propone sancionar penalmente el acaparamiento y especulación sobre bienes o servicios de necesidad urgente para la vida y salud de las personas.

Refirió que la propuesta legal fue interpuesta en medio de las denuncias de la ciudadanía por los altos precios en las farmacias y boticas de los medicamentos requeridos en el tratamiento contra la pandemia del coronavirus.

La iniciativa legal propone también prohibir diversas conductas comerciales orientadas al acaparamiento, dominación de la oferta de un producto provocando su escasez, y la especulación, la compra barata de productos y la venta a precios elevados, que atente contra la salud de las personas.

“El proyecto de ley plantea reincorporar en el Código Penal el delito de acaparamiento, que fue derogado. Para esta acción establece una pena privativa de libertad no menor de cuatro años ni mayor de seis y con 185 a 360 días multa”, refirió.

Respecto a la especulación, Ramiro Gonzáles dijo que se propone modificar las especificaciones actuales debido a que resulta inoperativo. Para este ilícito se determina una pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de seis años y con 180 a 300 días multa.

Luego de la presentación del representante del Ministerio Público, parlamentarios de diversas bancadas dieron a conocer sus aportes y puntos de vista sobre la iniciativa en mención y coincidieron en cuestionar las prácticas de acaparamiento y especulación de parte de algunas empresas en perjuicio de la población, y en medio del estado de emergencia.

Los parlamentarios Carmen Omonte (APP), Rubén Ramos (UPP), Santillana Paredes (APP), Rolando Campos (AP), coincidieron en la necesidad de establecer y retomar nuevos mecanismos legales que permitan sancionar con más severidad este caso, así como la posibilidad de extender a otros productos de las que se dio cuenta.

También refirieron y dieron a conocer su malestar que no estaría cumpliendo con lo dispuesto por el Gobierno para que los medicamentos usados en el tratamiento contra el coronavirus sean calificados como esenciales, y que las farmacias y boticas deban continuar vendiendo las medicinas genéricas, no solo las comerciales.

“La situación actual nos obliga preservar los derechos de la población. Tenemos que ser tajantes contra la criminalidad organizada de especulación. Saludamos la iniciativa de la Fiscalía de la Nación, que coincide con los objetivos del Congreso en relación a este caso”, manifestó la congresista Carmen Omonte.

PROBLEMÁTICA DEL AGUA

En la segunda parte de la reunión, se presentó Ivan Lucich Larrauri, presidente ejecutivo de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento – SUNASS, quien abordó la problemática de los usuarios del agua potable en el país, el estado de la protección a los usuarios, trabajos de fiscalización, entre otros temas.

En el caso de la función reguladora que ejercen, dijo que comprende la facultad de fijar las tarifas de los servicios y actividades bajo su ámbito.

Así mismo, dieron a conocer de los actos de fiscalización y sanción que vienen imponiendo, así como de las medidas correctivas derivadas de las normas legales y técnicas, así como las obligaciones contraídas por los concesionarios en los respectivos contratos de concesión y sus implicancias en los usuarios.

En relación a su labor de función de controversias y reclamos, dijo que vienen atendiendo cientos de solicitudes que se resuelvenl en la vía administrativa, como los conflictos, las controversias y reclamos que, dentro del ámbito de su competencia surjan entre Entidades Prestadoras y el usuario.

Al término de la exposición del funcionario de la Sunass, diversos parlamentarios coincidieron en señalar la necesidad de reforzar la labor de dicha institución, toda vez que existen aún brechas por cerrar en este campo, y que se debería priorizar los servicios de saneamiento y abastecimiento de agua para los sectores más necesitados del país.

“Si bien es cierto que la cobertura ha mejorado en algo, aún es insuficiente. Hay brechas mayores por cerrar en alcantarillado, agua y otros servicios. Esta realidad se tiene que revertir”, manifestó el titular de la Comisión de Defensa del Consumidor José Luna.

Lima, 25 de mayo de 2020

PRENSA-CONGRESO