Legisladores de diversas bancadas cuestionaron la advertencia de Verónica Zambrano Copello, presidenta de OSITRAN, quien manifestó que los términos de la Ley 31030 que suspende el cobro de peajes en la red nacional durante la emergencia por el COVID – 19, serían inconstitucionales.

Fue durante su participación en la sesión virtual de la Comisión de Transportes y Comunicaciones que preside el congresista Luis Carlos Simeón Hurtado (Acción Popular).

La titular de Ositran indicó que la referida norma haría al Estado Peruano sujeto de una demanda hasta por 25 millones de soles porque no respeta el derecho compensatorio.

Zambrano expresó su preocupación por el último artículo de la norma que suspende todas las obligaciones compensatorias con la concesionaria, pero no las exime de sus obligaciones como seguir manteniendo carreteras, según dijo.

Carlos Fernández Chacón, recordó que los peajes en cuestión son producto de acuerdos con la corrupción de Odebrecht, JJ Camet y otros en contubernio para estafar al país.

«Los peajes son altamente cuestionados, el acuerdo de partes es válido para las partes, siempre y cuando no contravengan los derechos de los ciudadanos. Estos (peajes) coactan el derecho de transitar libremente. Además, la norma se ha generado ante la indiferencia de las empresas operadoras frente a los campesinos que traían alimentos, ambulancias y personal de seguridad que son los únicos que estuvieron transitando, pero igual se les cobraba peajes», anotó.

El congresista también mostró su inconformidad con la posición de la representante de quien dijo está alentando que se pague 25 millones a las empresas concesionarias.

Walter Rivera Guerra (Acción Popular) solicitó informe sobre acciones sancionadoras y de cumplimiento que hubiera dado OSITRAN a las empresas concesionarias de peajes.

«He viajado por el interior del país, se dice que estas empresas deben mantener las vías en óptimas condiciones, deben contar con grúas y ambulancias, pero esto no se cumple», dijo el legislador.

Jorge Luis Pérez Flores calificó las condiciones de funcionamiento de peajes desde 1998 como un boicot al desarrollo del país. Pidió se muestre soluciones planteadas por OSITRAN frente a la pandemia.

Asimismo, denunció que la autopista El Sol (en el tramo Trujillo – Sullana) fue concesionada a Comisol por 25 años y a 10 años de funcionamiento y cobros de peajes, no avanzó ni el 50 % de las obras pactadas.

Isaías Pineda Santos (FREPAP) reclamó sentido común en los contratos de concesión. «El covid-19 es un evento de fuerza mayor que permite negociar a las partes, y validar la suspensión de pagos. Por qué insistir en un legalismo cuando esta situación está fuera de la matriz de riesgo», opinó.

Sobre el caso de la denuncia a la concesionaria Comisol, Verónica Zambrano sostuvo que efectuar acciones sancionadoras no son parte de sus funciones.

Lima, 19 de mayo de 2020

PRENSA-CONGRESO