La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Gloria Montenegro, aseguró ante la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad que su sector solo se ocupa de la acreditación de las personas vulnerables del grupo de los “retornantes” que ingresan a los albergues temporales, en el marco de la emergencia sanitaria que vive el país.

En su presentación virtual, la exparlamentaria precisó que su sector realiza un registro de las personas que se encuentran alojadas en los albergues temporales para determinar de qué regiones provienen, y después se le realiza las pruebas de descarte del COVID-19.

Explicó que esta situación se da en un contexto originado por el Decreto Supremo 044-2020-PCM que suspende el transporte aéreo, terrestre y fluvial en todo el país, como una forma de contener el avance de la pandemia. Sin embargo, admitió, una de las consecuencias es la afectación económica de miles de compatriotas debido al aislamiento social. “Sus actividades no son viables”, indicó.

Recordó que el Decreto Supremo 068-2020-PCM “autoriza, de manera excepcional, por razones humanitarias y previa coordinación con el gobierno regional que correspondan, el transporte interprovincial de pasajeros, por medio terrestre y aéreo no comercia, que se encuentren fuera de su residencial o lugar de trabajo habitual”.

Indicó que de acuerdo al Decreto de Urgencia 048-2020, para la adquisición de bienes y servicios, se le entrega siete millones de soles al Ministerio del Ambiente para todo lo relacionado al alojamiento.

Precisó que desde el pasado 21 de abril ha trabajado con sus programas nacionales para acoger a los “caminantes”, que han sido identificadas por los gobiernos regionales. A ellos, afirmó, se les capacitado en cuidados de la salud y en el aspecto emocional, pues “muchos durmieron en la calle”.

En ese marco, a los “caminantes” (hombres mujeres y niños) se les destinó a locales temporales en Lurín, Huampaní y Ricardo Palma, en Chosica y que se destinó al Ministerio de Educación (Minedu) un total de S/ 4 millones 600 mil para el centro de Huampaní.

“El ministerio del Ambiente ha atendido la parte logística y asume la gestión de dichos alojamientos y el ministerio de la Mujer a las poblaciones vulnerables. Se ha priorizado la atención de niñas, adolescentes, mujeres embarazadas y adultos mayores”, aseveró.

“La autoridad sanitaria tenía que realizar todas las pruebas de coronavirus a las personas que llegan en un plazo de tres días. Aquellos que daban positivo eran trasladados a la Villa Panamericana”, detalló.

“Sostuvo que su sector gestiona la donación de artículos necesarios para las poblaciones vulnerables y la implementación de módulos d atención en casa sede. Se espera cumplir con los cronogramas de los gobiernos regionales. En algunos casos se cuenta con el apoyo de los gobiernos locales”, sostuvo.

En ese sentido, Montenegro informó que 18 020 personas ya retornaron a sus regiones. De ese total, 3663 permanecen en cuarentena y 880 se trasladaron a la Villa Panamericana luego que dieran positivo a las pruebas de COVID-19.

“Se coordinó con el INDECI para destinarse 125 carpas, 164 camas, 992 frazadas, 992 colchones, 500 canastas de víveres para una semana, baños portátiles y todo el equipamiento necesario para los albergues”, manifestó.

En la sesión también se presentó el viceministro de Gobernanza Territorial de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Raúl Molina Martínez.

INTERVENCIÓN DE CONGRESISTAS
Después de escuchar la intervención de la ministra, el congresista Hans Troyes Delgado (Acción Popular) calificó de “lamentable” que continúe esta situación en el país y aseguró que recibe llamadas de gente del interior a la espera del traslado a sus lugares de origen. En ese caso, pidió al MIMP “que no tire la pelota a otras instituciones”.

A su turno, el congresista Wilmer Cayllahua Barrientos (Frepap) enfatizó su intervención en la postergación de la agenda de las personas con discapacidad y de la presencia del Consejo Nacional de las Personas con Discapacidad (CONADIS) en esta situación de emergencia.

Preguntó a la ministra cuánto se ha gastado del presupuesto y qué acciones realizó a favor de las personas de discapacidad, además de solicitarle que responda si su sector los ha apoyado en la entrega de los bonos. También aprovechó en revelar que los indicadores de gestión, publicados en la página web institucional, no se encuentran actualizados.

El parlamentario Wilmer Bajonero Olivar (Acción Popular) criticó también la presentación de la ministra Montenegro, porque “pareciera que todo es normal”.

“Me preocupa que diga que viene articulando con los gobiernos regionales. Entonces ¿cómo falleció un niño de tres años? Cuántos ancianos, niños y mujeres embarazadas esperan retornar. O vamos a esperar otra desgracia. Estamos cansados de los discursos de dos o tres horas. Queremos acciones”, sostuvo.

Del mismo modo, el congresista Eduardo Acate Coronel (Alianza para el Progreso) cuestionó que el 12 % de los ciudadanos inscritos —de los 167 mil ciudadanos de todas las regiones, según el registro de INDECI—ha logrado retornar a sus lugares de origen.

También señala que se ha transferido 15 millones de soles al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR), pero a pesar de que los gobiernos regionales envían la información detallada a la Presidencia del Consejo de Ministros, aún el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) no transfiere los recursos.

En su intervención sostuvo que el presidente de la Asociación de Municipalidad del Perú (AMPE), Álvaro Paz de la Barra, le expresó su preocupación porque “no se les ha dado un solo sol”.

La congresista Robertina Santillana Paredes (Alianza para el Progreso) destacó el esfuerzo de los gobiernos regionales, pero que a pesar de ello “nuestros paisanos vienen caminando por zonas como Ticlio”. Incluso lamentó que, de acuerdo a sus reportes, en Huampaní no hay agua para los alojados.

En tanto la parlamentaria María Retamozo Lezama (Frepap) solicitó a la ministra Montenegro que confirme o no si existe algún protocolo para la atención de la mujer en periodos de emergencia. También le pidió que especifique cuántas instituciones cumplen con la cuota de inclusión social de personas con discapacidad en el Estado.

De otro lado, la congresista Angelica Palomino Saavedra (Partido Morado) reveló que el Gobierno Regional de Piura registra quince mil personas para retornar, lo que obliga a realizar un gasto considerable.

De igual forma, solicitó la transferencia de por lo menos quinientos mil soles a las municipalidades distritales rurales de Piura

En esa misma línea el congresista Freddy Llaulli Romero (Acción Popular) lamentó que el gobierno regional de Junín no reciba todavía la transferencia para el albergue destinado a los retornantes. A la ministra le preguntó si tiene fecha para el traslado. “Parece que trabajan sin ningún plan”, cuestionó.

PRENSA-CONGRESO