El Pleno del Congreso de la República delegó esta noche al Poder Ejecutivo la facultad de legislar en diversas materias para la atención de la emergencia sanitaria producida por el COVID-19 por el lapso de 45 días, aunque efectuó una serie de modificaciones al Proyecto de Ley 4895 que la solicitaba en puntos que, de acuerdo con el Pleno, no tenían relación estricta con la crisis que se vive y, en un caso puntual, por contradecir el espíritu de la Constitución.

El PL 4895 presentado esta misma mañana por el gobierno central se sustenta en el artículo 104 de la Constitución Política del Perú y el artículo 90 del Reglamento del Poder Legislativo.

La votación final fue de 65 votos a favor, 12 votos en contra y cero abstenciones; con la misma asistencia, el congresista Guillermo Aliaga Pajares (Somos Perú), ponente del pedido, solicitó la dispensa de la segunda votación, la cual fue también abrumadoramente aprobada.

Luego de la sustentación del congresista Aliaga Pajares, parlamentarios de diversas bancadas expresaron sus discrepancias con algunos elementos incorporados en el proyecto, pero el punto más controvertido correspondió al 11, que facultaba a la Contraloría General de la República a aplicar el control concurrente y posterior a las adquisiciones e inversiones que se están realizando en el marco de la presente emergencia sanitaria.

Sobre ese punto, Omar Chehade Moya (APP) expresó su preocupación pues no soportaba “el menor análisis” e informó que su bancada se opondría, a menos que sea derogada o modificada.

De igual opinión, Carlos Almerí Veramendi (Podemos Perú) señaló que dicho pedido debía ser modificado o enviado a comisiones. Diethell Columbus Murata (Fuerza Popular) reforzó la opinión cuando indicó que “el Ejecutivo no nos puede pedir cómo pueden autorregularse”.

Tras un cuarto intermedio, en el que el texto enviado por el Ejecutivo volvió a ser debatido en Junta de Portavoces, el parlamentario Guillermo Aliaga informó que “luego de haber recogido todos los comentarios y sugerencias, se ha podido hacer un texto sustitutorio”. Inmediatamente pasó a enumerar la serie de modificaciones.

El primer punto fue reducir de 60 a 45 días el plazo de delegación de facultades; en el numeral c) del artículo 2 se cambió el término “en materia de inversión pública”, solo por “en materia de promoción de la inversión”; en el numeral d) del mismo artículo sobre seguridad se le agregó: “con respeto irrestricto del derecho a la vida y la integridad”; en el numeral 6 sobre el aspecto educacional, se agregaron los términos semipresencial o no presencial; y el numeral 11 se retiró completamente.

Hicieron uso de la palabra los congresistas Ricardo Burga Chuquipiondo (AP); Jaqueline García Rodríguez (Podemos Perú); Yessica Apaza Quispe (UPP); Widman Vigo Gutiérrez (Fuerza Popular); Jhosept Pérez Mimbela (APP); Yessy Fabián Díaz (AP); Tania Rodas Malca (APP)

También Napoleón Puño Lecarnaque (APP): Alexander Lozano Inostroza (AP). Grimaldo Vásquez Tan (Somos Perú); Carlos Simeón Hurtado (AP); Rosario Paredes Eyzaguirre (AP); María Céspedes Cárdenas (Frepap); Felícita Tocto Guerrero (Somos Perú); Otto Guibovich Arteaga (AP).

La voz de los congresistas que votaron en contra de la delegación de facultades al Ejecutivo se reflejó en la participación del parlamentario Posemoscrowte Chagua Payano (UPP).

PRENSA-CONGRESO