La Comisión Permanente aprobó el informe de evaluación del Decreto de Urgencia 016-2020 que establece medidas en materia de los recursos humanos del sector público. La congresista Indira Huilca dijo que el dispositivo legal desconoce lo establecido en el artículo 23 de la Constitución Política.

“Ninguna relación laboral podrá limitar el ejercicio de los derechos constitucionales, ni desconocer o rebajar la dignidad del trabajador”, señaló.

El referido dispositivo legal contiene un conjunto de disposiciones para regular el ingreso de los servidores a las entidades del sector público y garantizar una correcta gestión y administración de la Planilla Única de Pago del Sector Público.

En su artículo 3 estipula reglas para el ingreso por mandato judicial a las entidades públicas. Señala que la reincorporación ordenada por un juez sólo procede en una plaza a tiempo indeterminado cuando la persona haya ingresado por concurso público en una plaza presupuestada, de naturaleza permanente y vacante, de duración indeterminada y se trate del mismo régimen laboral en el cual fue contratada.

La parlamentaria explicó que para el reconocimiento del vínculo laboral dispuesto por sentencia judicial, el demandante debe ser incorporado al régimen laboral vigente que corresponda a la entidad, en tanto que, el cambio solo procede mediante un nuevo concurso público.

Por tanto, Huilca subrayó que el decreto de urgencia afecta, frente al despido arbitrario, el derecho a la reposición de los servidores del sector público que se encuentran bajo el régimen laboral de la actividad privada que no ingresaron por concurso público.

La parlamentaria recomendó que el próximo Congreso conforme una comisión investigadora que indague las contrataciones de consultorías y personal altamente calificado realizadas por el Ejecutivo desde el año 2011 hasta el 2018.

Al respecto el congresista Ángel Neyra advirtió la necesidad de cautelar el buen uso de los recursos públicos, porque -subrayó- que en los últimos 10 años se ha incrementado la planilla del Estado.

Durante el debate el congresista Justiniano Apaza observó que dicho dispositivo legal afecta el derecho de progresividad de los trabajadores.

“Los trabajadores tienen derecho a ascender progresivamente, a mejorar sus condiciones de trabajo, éste decreto hace lo contrario”, dijo el legislador al tiempo de advertir que vulnera el principio de separación de poderes con los jueces ante una reposición laboral.

Al término del debate, el informe respecto del Decreto de Urgencia 016-2020 obtuvo 12 votos a favor y 11 abstenciones.

SIN ACUERDO DU SOBRE FOMENTO DEL CHATARREO

Posteriormente, la Comisión Permanente debatió el informe respecto del Decreto de Urgencia 029-2019 que establece incentivos para el fomento del chatarreo y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero; así como la siniestralidad en las vías públicas.

Según las conclusiones, sustentadas por el legislador Clemente Flores, el DU cumple con lo dispuesto en la Constitución Política y observa la necesidad de renovar el parque automotor, a través del retiro ordenado de vehículos en atención a las políticas de eficiencia energética, seguridad de los usuarios y condiciones ambientales.

Durante el debate el congresista Justiniano Apaza dijo que el chatarreo no ha tenido el éxito esperado por falta de presupuesto. “No se trata de llevar al depósito el vehículo y dejarlo, se trata de renovar esta unidad”, dijo.

La propuesta discutida obtuvo 7 votos a favor, 6 en contra y 10 abstenciones. Es decir no hubo acuerdo.

PRENSA-CONGRESO