La Comisión Permanente, con la presidencia de Pedro Olaechea Álvarez Calderón, rechazó el informe del Decreto de Urgencia 021-2020, que proponía establecer el modelo de ejecución de inversiones públicas a través de proyectos y dictar otras disposiciones.

El documento fue duramente cuestionado por los congresistas ya que consideran ese dispositivo legal como inconstitucional, atentatorio contra los intereses del país y decreto de ley ómnibus, que contenía una serie de indicaciones tendientes a la corrupción y a la violación de las leyes presupuestales vigentes.

Solo el coordinador del grupo de trabajo que analizó la norma, Edgar Ochoa Pezo, defendió el informe que fue redactado por él y los técnicos asistentes, debido a que los congresistas miembros no pudieron instalarse reglamentariamente.

El descontento generalizado se reflejó en la votación: 14 en contra, uno a favor y dos abstenciones.

La congresista Luz Salgado Rubianes manifestó que el decreto de urgencia es atentatorio contra los intereses del país, pretende destruir normas presupuestales importante y fomenta la ilegalidad y la corrupción.

La congresista Rosa María Bartra enfatizó que el Decreto de Urgencia no se ajusta a las leyes que rigen al Estado. Señaló que es inconstitucional en todos sus aspectos y no se explicó cómo una norma de este tipo ha logrado pasar para ser evaluada. Este informe no puede pasar.

El parlamentario Marco Arana planteó que el decreto de urgencia se derogue porque su contenido es lesivo al país, porque pretende fortalecer las corruptelas, que precisamente se busca combatir.

A su turno, la parlamentaria Milagros Salazar remarcó que el Decreto de Urgencia 021-2020 deja mucho que desear, no sirve para nada al Perú.

Salazar dijo que es extraño un informe de esta clase porque se elabora cuando se analizar la inversión de 1 500 millones de soles, por ello debe rechazarse.

PRENSA-CONGRESO.3-02-2020