Debido al alarmante incremento de feminicidios y la necesidad de atender de manera oportuna a las víctimas indirectas, se aprobó, por unanimidad, el informe del Decreto de Urgencia 005-2020.

Este dispositivo se considera compatible con la Constitución Política del Perú para garantizar la asistencia mínima de niños, niñas, adolescentes y personas con discapacidad víctimas indirectas del delito de feminicidio.

“Esperar a que entre en funcionamiento el nuevo Congreso limitaría la capacidad de acción del Estado de desplegar los recursos que necesita esta población vulnerable”, dijo la congresista Indira Huilca, coordinadora del grupo de trabajo encargado de hacer el análisis de ese dispositivo legal.

La legisladora informó que el Decreto de Urgencia autoriza al Ministerio Economía y Finanzas a realizar las modificaciones presupuestarias a favor del Ministerio de la Mujer hasta por 4 millones 300 mil soles.

Asimismo, dijo que el Ministerio de la Mujer ha publicado el 31 de enero de 2020 la resolución ministerial que determina en 600 soles el monto individual de asistencia económica el cual se otorgará en forma bimestral.

El dispositivo legal precisa las causales de extinción de la asistencia económica y la creación del Registro de beneficiarios y criterios de seguimiento y monitoreo.

“Se recomienda una modificación del Decreto de Urgencia 005-2020 y su reglamento de forma que no se exija calificación judicial del feminicidio para el otorgamiento, signo que dicha evaluación sea realizada por el Ministerio de la Mujer como se realiza hace más de una década. La redacción actual desconoce los errores del sistema de justicia nacional y restringe a las víctimas el acceso a estos beneficios”, dijo la congresista Huilca.

Del mismo modo, el informe recomienda otra modificación para que la asistencia económica a las víctimas indirectas del feminicidio no se considere incompatible con otras como ‘Beca 18’ y otras semejantes entregadas a adolescentes y jóvenes, casos en los que las prestaciones deben ser acumulativas.

En la sesión realizada el jueves 13 la congresista Milagros Salazar lamentó que no se haya considerado el fortalecimiento de las Demunas que – según dijo- a nivel nacional hay 1753. Sin embargo –subrayó- solo 8 están acreditadas porque no hay financiamiento.

De otro lado, dijo que el Estado no está cumpliendo satisfactoriamente con la asistencia económica y el responsable administrador del dinero del beneficiario está desprotegido.

Previamente, participaron en la sesión miembros del Colectivo Familias Unidas por Justicia, quienes dieron su testimonio de vida como deudos de víctimas de feminicidio. Plantearon que el beneficio se otorgue a la madre de la víctima porque no todas son madres y observaron que 600 soles es poco para cubrir las necesidades básicas.

CENTRO DE NOTICIAS
PRENSA-CONGRESO 13-02-20

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