Por cumplir con los criterios de excepcionalidad, necesidad, conexidad y generalidad, la Comisión Permanente aprobó con 9 votos a favor, 1 en contra y 7 abstenciones el informe de evaluación del Decreto de Urgencia 030-2019.

El referido dispositivo legal establece con carácter excepcional el régimen de reprogramación de pago de aportes previsionales a los fondos de pensiones del Sistema Privado de Administración de Fondos Pensiones adeudos por entidades públicas (REPRO AFP II)

Al sustentar dicho informe, el congresista Mario Mantilla Medina, coordinador del grupo de trabajo, indicó que hasta diciembre de 2018 aún existían 1 917 entidades públicas que mantenían una deuda actualizada por aportes no efectuados al Sistema Privado de Pensiones, ascendente a 6, 975 millones.

Explicó que el componente nominal de esta deuda equivale a 142 millones 636 mil 285 millones; sin embargo, ha sido actualizada por el interés moratorio lo que genera un incremento de la deuda en un 98%.

“Las acciones de cobranza de un lado no han logrado los resultados esperados, y del otro, implica que las entidades públicas asignen presupuesto a la defensa procesal resultando aún más caro el cumplimiento del pago de las deudas previsionales”, dijo Mantilla.

Observó que si bien se trata de aproximadamente 577 mil 974 pensionistas que pueden verse afectados si esta norma no se hubiere dictado, en realidad –dijo- lo que está en juego es el derecho a la seguridad social previsto en los artículos 10 y 11 de la Constitución Política.

Finalmente, subrayó que resulta necesario replicar la experiencia de REPRO AFP a todas las demás entidades públicas, mejorando los procedimientos, y plazos de acogimiento a fin de brindarles el estímulo necesario para cumplir con sus obligaciones de pago de deuda por aportes previsionales con Fondos de Pensiones del SPP a partir de la reducción de multas, recargos e intereses.

El informe recomienda que, tratándose de proteger el derecho de los pensionistas a la seguridad social y la garantía institucional de la pensión, se sugiere al nuevo Congreso legislar un REPRO AFP que beneficie al sector privado. “Se trata de una norma de equidad”, concluyó Mantilla.

CONTROL DE FUSIONES
Previamente, la Comisión Permanente aprobó con 12 votos a favor, 3 en contra y 3 abstenciones el informe de evaluación del Decreto de Urgencia 013-2019, que establece el control previo de operaciones de concentración empresarial.

“El dispositivo legal no cumple con los criterios de excepcionalidad y necesidad al no responder a una necesidad impostergable que justifique su dación, a la luz de la Constitución Política y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional”, dijo el congresista Luis Galarreta Velarde, coordinador del grupo de trabajo que analizó el Decreto de Urgencia 013-2019.

Explicó que el Congreso disuelto ya había empezado el debate sobre control de fusiones sobre la base de 5 proyectos de ley que fueron estudiados en la Comisión de Economía.

“Si bien no se terminó el debate ya se había avanzado. Se discutió hasta donde podría ser la participación del Estado”, dijo el legislador, al tiempo de precisar que el dictamen estaba en la Agenda del Pleno pendiente de votación.

De otro lado, subrayó que al no existir información certera de alguna concentración o fusión empresarial en camino no se justificaría la urgencia de atender este tipo de situaciones a través de un decreto de urgencia.

Además, dijo que el referido dispositivo legal contempla un plazo perentorio de 5 años lo cual dijo sería contradictorio y no justificaría la necesidad de sacar un decreto de urgencia.

“Es una tarea del otro Congreso sacar una ley de control de fusiones, pero que no puede ser validada, de ninguna manera, por decreto de urgencia”, dijo por su parte Gilbert Violeta en el debate.

Galarreta Velarde subrayó que es importante proteger la libre competencia equipando al Indecopi con un mecanismo de control de concentraciones que esté alineado no solo a las mejores prácticas internacionales o los estándares de buena gobernanza, sino que responda a nuestra realidad económica y al comportamiento del consumidor peruano.

CENTRO DE NOTICIAS
PRENSA-CONGRESO 12-02-20

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