Todas las propuestas enmarcadas dentro de los principios constitucionales serán consideradas en el informe final que se pondrá a disposición de la Comisión Permanente, aseguró el congresista Miguel Torres Morales, coordinador del grupo de trabajo que analiza el Decreto de Urgencia 020-2020, que modifica el Decreto Legislativo 1071 que norma el arbitraje.

Fue después de escuchar la opinión de los representantes de tres instituciones oficiales y tres del sector privado, en la sesión desarrollada en la Sala Bolognesi del Palacio Legislativo.

El secretario de Defensa Pública del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Martín Mijichich Loli, consideró justificable la dación del Decreto de Urgencia 020-2020, por la necesidad de regular los procesos arbitrales debido a las deficiencias normativas y riesgos en la práctica, sobre todo la incorporación de disposiciones que regulen los arbitrajes en los que el Estado peruano es parte.

Remarcó que era necesario fortalecer la institución del arbitraje y evitar la proliferación de casos en los que las malas prácticas resten su eficacia y causen graves perjuicios al Estado peruano, lo cual no podía esperar hasta la instalación del próximo Congreso.

Actualmente, sostuvo, existe el potencial perjuicio de que continúe la paralización de ejecución de obras y, principalmente, por el inicio de programas de infraestructura a principios del presente año, que requieren ser protegidos.

Por su parte, el gerente de Relaciones Intersectoriales de la Contraloría General de la República, Martín Cabrera Marchán, subrayó que el decreto de urgencia reconoce, en su exposición de motivos, que en los casos de arbitrajes donde una de las partes es el Estado peruano “no resulta adecuada para asegurar la transparencia de los procesos arbitrales y evitar actos de corrupción”.

El decreto de urgencia, dijo, relativiza el principio de confidencialidad de los arbitrajes en los que una de las partes es el Estado peruano, disponiendo que ahora no sólo el laudo sea público al finalizar la controversia, sino también las actuaciones arbitrales.

Informó que la Contraloría presentó el año pasado un proyecto de decreto de urgencia para que las actuaciones arbitrales se publiquen en el portal web de las entidades públicas, lo cual contribuiría a la transparencia y control.

A su turno, la representante del Centro de Análisis y Resoluciones de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica, Silvia Rodríguez, consideró importante reflexionar en torno a la normatividad del decreto de urgencia y analizar por qué se deben modificar las normas arbitrales después de vente años.

Estimó que es un buen decreto, pero debe realizarse ajustes en su engranaje normativo.

El presidente de la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio Americana, José Daniel Amado, manifestó que todo lo que tenga que ver en defensa del Estado debe apoyarse, con el firme propósito de que el Estado se defienda mejor. Dijo que hay una serie de deficiencias en la norma de arbitraje debido a sus años de antigüedad.

La secretaria general del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima, Marianella Ventura Silva, explicó que su institución está de acuerdo con el establecimiento de un mejor arbitraje institucional. Consideró que en la actual ley de arbitraje no debe incluirse las modificaciones relacionadas a la problemática arbitral, sino sugirió que sea a través de otra ley.

CENTRO DE NOTICIAS
PRENSA-CONGRESO 4-02-2020

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