Diversos aspectos vinculados al Decreto de Urgencia 008-2020 fueron analizados el viernes 31 de enero por el grupo de trabajo que conduce la congresista Gladys Andrade Salguero con la participación de funcionarios del Ministerio de Justicia (Minjus) y del Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

El Decreto de Urgencia mencionado tiene como objeto optimizar los criterios de egreso penitenciario anticipado en los casos de conversión de pena de personas privadas de libertad por el delito de omisión de asistencia familiar; tiene la finalidad de promover el pago de la reparación civil y de la deuda alimenticia; y contribuye a disminuir la sobrepoblación en las cárceles del país.

Al respecto, los funcionarios del Minjus, Marcos Galván Ramos, y del INPE, Omar Méndez Irigoyen, dieron a conocer sus aportes y puntos de vista sobre la constitucionalidad de dicha norma.

“La pena privativa de libertad de una persona condenada por el delito de omisión de asistencia familiar puede convertirse automáticamente en una pena alternativa, si certifica ante el juez el pago íntegro de la reparación civil y de la deuda alimenticia acumulada hasta el momento en que solicita la conversión”, refirió Galván.

También sustentó la constitucionalidad y validez del decreto en mención, y señaló que en este caso se puede incorporar la posibilidad de la aplicación del principio de oportunidad, es decir, para no continuar con la demanda penal, que, en los casos de los delitos de omisión a la asistencia familiar procede un acuerdo reparatorio a la denunciante para archivar el caso.

Agregó que el Decreto de Urgencia ayudará y favorecerá a la gestión del INPE, toda vez que existe una sobrepoblación y hacinamiento en las cárceles del país, toda vez que existen más de dos mil presos por omisión a la asistencia familiar. De ellos, 415 personas están en el Penal de Ancón II, 96 en el Callao, 100 en Cañete, y los restantes en otros penales del país.

Al respecto, la legisladora Andrade Salguero incidió en la necesidad de tomar en cuenta la proyección de cuántos internos se beneficiarían con esta norma, las conversiones de la pena de aproximadamente 2 700 presos, así como los avances y procedimientos para este caso social y familiar.

“Habría que estar vigilantes ante argucias de las personas que salen libre por omisión alimentaria y no cumplir con su deber familiar a través de diversas acciones y actos. Se podría precisar mejor la norma y poner algunos candados a esta norma”, manifestó Andrade.

En esa misma línea de opinión, el representante del INPE coincidió con los aportes y propuestas dados a conocer por el funcionario del Minjus, quien dio a conocer su preocupación por la superpoblación y hacinamientos en las cárceles del país, toda vez que a la fecha existen más de 95 mil internos en todo el país, los mismos que demandan un gasto del Estado de 28 soles diarios.

También se dio a conocer que la norma detalla que la conversión automática de la pena privativa de libertad por omisión de asistencia familiar se revoca si la persona condenada, manteniendo la obligación de continuar pagando la deuda alimenticia, incumple dos pagos mensuales consecutivos, conforme a lo establecido en la sentencia civil que dispuso la obligación.

Al término de la reunión la congresista Gladys Andrade agradeció la presencia de los funcionarios, y señaló que seguirá trabajando en este caso para que dicho grupo de trabajo arribe a conclusiones y recomendaciones por consenso.

CENTRO DE NOTICIAS
PRENSA-CONGRESO 31-01-2020

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