El congresista Edgar Ochoa Pezo, coordinador del Grupo de Trabajo que examina el Decreto de Urgencia 002-2020, consideró que la norma recupera al Ministerio de Educación (Minedu) como órgano rector y “eso sí me parece urgente y necesario.

En la sesión de hoy, jueves 23 de enero, aseguró que “si no ponemos orden ahora, en el futuro no lo podremos controlar”.

Este dispositivo legal establece medidas para la lucha contra la informalidad en la prestación de servicios educativos de educación básica de gestión privada y para el fortalecimiento de la educación básica brindada por instituciones educativas privadas.

“Cualquier aspecto del sector educación siempre será urgente”, señaló Ochoa.

Indicó que debido a que el aumento de la oferta de los colegios privados es una realidad, se necesitan este tipo de mecanismos que marquen la pauta para su funcionamiento.

En la sesión, la parlamentaria Gladys Andrade Salguero evidenció la problemática compleja en los colegios privados, pero no sin olvidar la situación de los colegios públicos.

“Primero hay que ordenar la casa. Brindar una educación de calidad y de protección para nuestros niños. No estoy en contra de que se tenga que supervisar a los colegios privados, que quede claro”, expuso.

El congresista Clemente Flores Vílchez saludó la publicación de este Decreto de Urgencia, porque evitará “la informalidad de la educación en el país”y igual como se está haciendo con las universidades faltaba una norma para los colegios.

“No hay norma perfecta y seguro habrá que hacer unos ajustes en el camino. Lo importante es establecer los requisitos mínimos para que un privado tenga un colegio”, precisó.

Por otro lado, la legisladora Lizbeth Robles Uribe respaldó el Decreto de Urgencia porque ayudará a la formalización de instituciones educativas.

“Como padres de familia, nos preocupamos si este colegio está regulado o no, si quienes enseñan son docentes o no”, expresó.

Además, enfatizó su preocupación por la situación de los maestros, cuyos derechos elementales son limitados en estas escuelas.

La directora general de Calidad de la Gestión Escolar del Minedu, Rosa Zapata, indicó que la educación es “un servicio público y nosotros, como ente rector, debemos cuidar que se dé de la manera adecuada, tanto del público como del privado, y eso es lo que tratamos de rescatar aquí”.

“Teníamos que entrar a cerrar esos colegios informales, revocar las autorizaciones que están mal dadas y cuidar a nuestros niños y niñas, para que no trunquen su trayectoria educativa y su integridad”, explicó.  Agregó que, como institución, no podían dar la espalda a la realidad.

El abogado y docente universitario, Dante Paiva, señaló que esos colegios, que el Minedu identifica como informales, son los primeros que vulneran los derechos laborales de sus docentes.

Al respecto, consideró que en la elaboración de la norma, se debió convocar a la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) y a la Defensoría del Pueblo para saber la situación de dichos docentes.

“La educación privada no va a mejorar en esencia si el docente de ese sector no tiene la motivación que parte del respeto básico de sus derechos”, precisó Paiva.

CENTRO DE NOTICIAS
PRENSA-CONGRESO 23-01-2020

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