A una sola voz, parlamentarios y estudiantes universitarios demandaron al gobierno del presidente Martín Vizcarra que brinde una solución inmediata al problema generado por el licenciamiento de universidades, que afecta a miles de estudiantes que ha visto truncados sus proyectos educativos. Fue en la sesión del lunes 20 de enero del Grupo de Trabajo encargado de evaluar los Decretos de Urgencia 034 y 042 – 2019.

En la sesión, la congresista coordinadora del grupo Milagros Salazar, observó que el proceso de licenciamiento de universidades públicas y privadas afecta a 275 mil estudiantes, quienes están impedidos de continuar sus estudios, acceder a prácticas pre profesionales o residentados, y culminar sus respectivas carreras profesionales, situación que ha derivado en un problema social, presupuestario y académico.

“En este cambio que se va a dar, no se está incrementando el presupuesto”, indicó la congresista Gladys Andrade salguero. “Es decir, estos jóvenes que vieron truncados sus proyectos no podrán continuar sus estudios porque no hay presupuesto. Lo que están haciendo es desvestir un santo para vestir a otro”.

A la sesión, asistió la vicerrectora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Elizabeth Canales Aybar, quien dijo que, en términos presupuestarios, su casa de estudios “es deficitaria, tiene serias limitaciones de infraestructura, y déficit de docentes en todas las facultades”. Sin embargo, señaló que se está trabajando para recibir a los estudiantes en el marco de sus procedimientos: el ingreso es mediante un proceso de admisión y traslados externos.

Por su parte, el parlamentario Edgar Ochoa Pezo sostuvo que “el Estado tiene que hacerse responsable por lo que está pasando con estos jóvenes universitarios, cuyo interés es culminar sus estudios”.

ESTUDIANTES INVITADAS
En la sesión participó una comitiva de estudiantes de la Universidad Alas Peruanas cuyo licenciamiento fue denegado por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) a fines del 2019, por no cumplir con su Plan de Adecuación y no reunir las condiciones básicas de calidad que establece la Ley Universitaria.

Patricia Calenzain Gamarra explicó que, en su caso, de convalidar estudios en otras universidades, le disminuirían dos años, y eso “es como volver a empezar”; y Karen Tuesta, observó que más de 165 mil estudiantes se han perjudicado por universidades sin licenciamiento, lo cual contrasta con las 3 mil 200 becas ofrecidas por el gobierno, y “eso es irrisorio”.

CENTRO DE NOTICIAS
PRENSA-CONGRESO 20-01-2020

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