Más de seis millones de personas sufren algún tipo de trastornos, de los cuales un ochenta por ciento de los potenciales pacientes no acuden a recibir atención profesional debido a desinformación o ignorancia, de acuerdo a cifras oficiales.

Según el Instituto Nacional de Salud, la mayoría de trastornos que sufren los peruanos son esquizofrenia, ansiedad, depresión y conductas violentas.

Para la Dirección de Salud Mental del Ministerio de Salud, solo un millón cien mil personas recibieron tratamiento debido a la falta de mecanismos para prevenir y curar este tipo de males.

Por estas razones, el Congreso de la República aprobó La Ley 30947 – publicada el 23 de mayo de 2015- que establece el marco legal para garantizar el acceso a los servicios, la promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación en salud mental, como condiciones para el pleno ejercicio del derecho a la salud y el bienestar de la persona, la familia y la comunidad.

Además, se tiene en cuenta que la atención de salud mental considera el modelo de atención comunitaria, así como el respeto ineludible a los derechos humanos y dignidad de la persona, sin discriminación, y el abordaje intercultural que erradique la estigmatización de las personas con problemas en su salud mental.

El Ministerio de Salud informó del logro de avances significativos, como la implementación de 103 Centros de Salud Mental Comunitarios (CSMC) en todo el país. Se espera que el Ministerio de Economía y Finanzas destine más presupuesto para este servicio, que incluirá a Centros de Psiquiatría Complementarios.

La misma fuente señala que actualmente hay un aproximado de 30 mil psicólogos colegiados para una población peruana que supera los 32 millones de habitantes. En el Perú solo existen 750 psiquiatras.

Para la Defensoría del Pueblo, el presupuesto que destina el Estado peruano a atender la salud mental de la población llega al 0.1 % del presupuesto público; mientras que el sector Salud asigna de su presupuesto un 1 %, según informes oficiales.

La Ley 30947 establece en uno de sus capítulos las acciones de prevención para aquellos casos de salud mental y señala que aquellas se formulan sobre la base de las evidencias epidemiológicas nacionales, antropológicas y determinantes socioeconómicos de riesgo.

Se pone énfasis en la identificación y monitoreo de factores de riesgo en la comunidad para evitar la existencia de problemas psicosociales que lleven a patologías que afecten la salud mental individual y colectiva, con énfasis en la prevención de la violencia familiar, violencia sexual, pandillaje, sicariato, maltrato infantil y contra la mujer; también consumo y abuso de drogas legales e ilegales y no químicas, cuadros de depresión e intentos de suicidio, afectados por la violencia terrorista, así como los riesgos en el ambiente de trabajo, entre otros.

De otro lado, la norma determina que la evaluación médica en salud mental es voluntaria. Nadie puede ser obligado a someterse a un examen médico con el objeto de determinar si padece o no de un problema de salud mental. Se exceptúan en los casos de situaciones de emergencia psiquiátrica o mandato judicial.

PRENSA CONGRESO