Se suspendió la sesión del Pleno del Congreso hasta mañana, a las 4:00 p. m.

Diputados fijan posición y transmiten necesidades de pobladores en debate de presupuesto público

Centro de Noticias del Congreso

19 Nov 2026 | 18:27 h

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Diputados de diversas bancadas expresaron sus puntos de vista y transmitieron las demandas de la población de todas las regiones del país en el marco del debate, en el Pleno del Congreso, de los dictámenes de las leyes de Presupuesto, de Equilibrio Financiero y de Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal 2027.

FUERZA POPULAR

El diputado Diethell Columbus (Fuerza Popular) abrió la discusión señalando que la sesión reviste especial importancia, no solo por tratarse de la aprobación del presupuesto de la república, sino porque permite visibilizar los grandes problemas que aquejan al país, en particular la falta de agua y desagüe que afecta a la macrorregión sur.

Columbus explicó que, tras recorrer personalmente Cusco, Apurímac, Ayacucho y Puno en su labor de representación, pudo constatar de primera mano estas carencias. En ese sentido, solicitó al ministro de Economía y Finanzas evaluar un conjunto de códigos de inversión pendientes —2622592, 2797948, 2535664, 2579255, 2589077, 2189303 y 2570661—, remarcando que, si realmente se busca un presupuesto que cierre brechas, este debe trabajarse pensando en quienes menos tienen en el país.

El diputado Javier Castro (Fuerza Popular) destacó los avances logrados en la gestión fiscal. Calificó la semana como histórica para la aprobación del presupuesto nacional, afirmando que todo puede faltar menos el agua potable, y puso en valor el cambio generacional que representa el nuevo Congreso. Detalló que se logró un ahorro inicial de 300 millones de soles, al que se sumó esta semana una reducción adicional de 400 millones, alcanzando un total de 700 millones de soles que serán destinados a la ejecución de obras.

Para Castro, esto demuestra que el nuevo Congreso viene ahorrando recursos con el objetivo de garantizar la continuidad de los proyectos, en lugar de repartir fondos insuficientes que históricamente han dejado obras inconclusas.

Sumándose a los pedidos de inversión en infraestructura, pero esta vez desde la región Callao, la diputada Auristela Obando (Fuerza Popular) solicitó que el presupuesto 2027 incorpore el financiamiento necesario para obras de movilidad urbana, las cuales considera fundamentales para descongestionar las principales vías y mejorar el desplazamiento diario de miles de familias chalacas. Entre los beneficios esperados de esta inversión, mencionó la reducción de la congestión vehicular, la mejora del acceso al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, el impulso al turismo en la región y, en general, una mejor calidad de vida para la población.

La diputada Carmela Paucará Paxi (Fuerza Popular) solicitó incorporar en la Ley de Presupuesto 2027 un conjunto de partidas para reactivar obras paralizadas, consideradas de vital importancia para los pobladores de la sierra del departamento de Piura.

Por su parte, el diputado Pier Figari Mendoza (Fuerza Popular) hizo referencia a los denominados “elefantes blancos” y centró su intervención en la edificación del Museo Nacional de Pachacamac, que, según indicó, nunca ha funcionado. Se trata de 600 millones de soles tirados en un arenal, expuso, “lo que es inaceptable”.

JUNTOS POR EL PERÚ

El diputado Oswar Cahuasa (Juntos por el Perú) señaló que del total del presupuesto para el 2027, que asciende a 266 506 millones de soles, únicamente 32 208 millones se destinan a dicho sector, lo que representa una reducción de 608 millones de soles respecto al ejercicio anterior.

Centrando su intervención en Ucayali, recordó que en 2026 dicha región recibió 354 millones de soles, equivalente al 18.9 % de su presupuesto regional. A partir de este diagnóstico, planteó cuatro pedidos concretos: la restitución de los 608 millones de soles recortados al sector salud, la garantía de 200 millones de soles para culminar la construcción del Hospital de Pucallpa —obra paralizada desde hace más de nueve años—, el nombramiento definitivo del personal de salud que actualmente ocupa plazas de manera temporal, y la implementación de una política integral de salud amazónica que responda a las particularidades de la región.

En la misma línea de denunciar desigualdades en la asignación de recursos, la diputada Amalia Palomino (Juntos por el Perú) pidió que se garantice de forma separada el financiamiento de las pensiones dignas contempladas en la Ley 32581, y denunció lo que calificó como una distribución desigual de obras públicas entre regiones, de acuerdo con lo establecido en la Ley 32744.

Como ejemplo, contrastó el caso de Huancavelica, región de aproximadamente 372 mil habitantes que recibirá doce obras, frente a Arequipa, que con más de un millón de habitantes solo recibirá una. Asimismo, exigió que se autorice el pago de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) correspondiente al año 2025, que a la fecha continúa pendiente, además de solicitar la modificación de partidas presupuestales a favor de los gobiernos regionales y la exoneración de las unidades ejecutoras respecto de lo dispuesto en los artículos 6 y 9 de la Ley de Presupuesto 2027.

El diputado Luis Jibaja (Juntos por el Perú) insistió en la urgencia de destinar recursos para la rehabilitación de la pista del aeropuerto de Jaén, obra de relevancia para toda esa región que beneficiaría a más de 600 mil personas. Explicó que la infraestructura se encuentra en deterioro desde el año 2016, y que ya existe un expediente técnico aprobado por un monto de 207 millones de soles, bajo el Código Único de Inversión (CUI) 2657758. Por ello, solicitó al Ministerio de Transportes y Comunicaciones un gasto nuevo de 130 millones de soles con cargo a la Reserva de Contingencia, fondo que, según indicó, supera actualmente los 9 mil millones de soles, para iniciar las obras durante el año 2027.

En el tema de inversión en infraestructura regional, esta vez desde el sur andino, la diputada Analí Márquez (Juntos por el Perú), vicepresidente de la Cámara de Diputados, solicitó un incremento del presupuesto destinado a la región Cusco, priorizando la mejora del Aeropuerto Internacional de Chinchero y el destrabe del proyecto del Gasoducto Sur Peruano. Adicionalmente, pidió impulsar inversiones en los sectores de salud, transporte, educación y agropecuario, considerando que Cusco requiere una atención integral que abarque múltiples frentes de desarrollo.

De inmediato, la diputada Jacqueline Tapullima Insapillo (Juntos por el Perú) expuso que “muchas localidades alejadas del país necesitan mejorar su calidad de vida, y necesitan atención por parte del Estado, y su región San Martín, no es la excepción”. Frente a los riesgos del fenómeno El Niño, solicitó incluir diversas inversiones preventivas para reducir la vulnerabilidad de dicha región.

A su vez, el diputado Ernesto Zunini Yerrén (Juntos por el Perú) sostuvo que se está omitiendo en el presupuesto 2027 “la reposición de la autorización vigente para que los gobiernos locales puedan financiar los servicios públicos delegados a los centros poblados”. Asimismo, solicitó el nombramiento de docentes de la Universidad de Piura.

PARTIDO DEL BUEN GOBIERNO

Ampliando la mirada hacia el conjunto de los sectores del Estado, el diputado Neri Fernández (PBG) sostuvo que, si bien el pago de sueldos y servicios públicos es una obligación necesaria, este no debe realizarse en desmedro de la inversión en infraestructura esencial para la población, como colegios, carreteras, centros de salud y sistemas de agua potable. Para sustentar su posición, presentó cifras sobre la variación presupuestal por sectores: mientras Interior registra un incremento del 4 % y Defensa del 21 %, los sectores sociales muestran reducciones significativas, con una caída del 10 % en Salud, del 1.7 % en Educación y del 14 % en Vivienda. Fernández expresó su preocupación por que ciertos sectores incrementen su presupuesto mientras las áreas sociales clave para el desarrollo del país se ven recortadas.

La diputada Romina Uribe (PBG) recordó que noviembre es reconocido como el mes de lucha contra la violencia hacia la mujer, y en ese marco señaló que el 53 % de las personas reportadas como desaparecidas en el país son mujeres. Frente a esta realidad, solicitó la incorporación de clasificadores presupuestarios específicos que permitan destinar recursos concretos a la búsqueda de personas desaparecidas, como una forma de dar respuesta institucional a esta problemática.

El diputado Fernando Huby García (PBG) manifestó su interés en que los proyectos de obra pública se concreten de manera efectiva, a diferencia de lo ocurrido con las facultades legislativas delegadas previamente al Poder Ejecutivo. No obstante, expresó un rechazo categórico a la flexibilización de derechos laborales contemplada en los numerales 23.6, 32.2 y 33.2 del proyecto, los cuales —advirtió— plantean debilitar la negociación colectiva y el derecho de los trabajadores a percibir un sueldo digno. Fue enfático al señalar que, de ninguna manera, su bancada aceptará este tipo de disposiciones.

Trasladando el debate hacia la infraestructura vial, pero esta vez cuestionando el destino de los recursos ya asignados, el diputado Luis Quispe (Partido del Buen Gobierno) sostuvo que la infraestructura vial es fundamental para el desarrollo del país, por lo que urge destrabar la transitabilidad en la selva central, particularmente en Oxapampa y las poblaciones aledañas, cuya vocación es agrícola y turística.

Propuso, en ese sentido, autorizar al Ministerio de Transportes y Comunicaciones a incorporar en su presupuesto los recursos necesarios para mejorar dichas vías. No obstante, cuestionó duramente que se hayan asignado más de 450 millones de soles para la Vía Expresa Santa Rosa en el Callao, a la que calificó como una clara muestra de despilfarro, considerando que las tendencias actuales de movilidad sostenible priorizan al peatón, al ciclista y al transporte masivo por encima de la infraestructura vehicular. Añadió que el MTC aún no ha subsanado las observaciones formuladas por la Contraloría y que el proyecto carece de licencia social, pues la población exige su paralización. Por ello, propuso retirar del presupuesto el financiamiento del Viaducto Santa Rosa, a fin de evitar que se convierta en una nueva obra paralizada.

Luego, el diputado Miguel Huamán Cornejo (PBG) informó que, en el 2017, el Niño Costero golpeó a Piura y que, como resultado de las promesas del Estado, se proyectaron cuatro puestos de salud: Ayabaca, Huancabamba, Huarmaca y Los Algarrobos. “Nueve años después”, dijo, “ninguno de estos está terminado”. Advirtió que, cuando lleguen las lluvias y el dengue, “van a tocar las puertas de un establecimiento que el Estado no terminó”.

Después, la diputada Rossana Alayza Maccera (PBG) expresó su preocupación y preguntó: “¿cómo se puede explicar que el presupuesto para atender infraestructura educativa en situación de riesgo, pase de 161 millones en el 2026, a cero en el 2027? En su lugar, aparecen 59.2 millones para aulas modulares?”. Apostamos por nuestras escuelas, o seguimos con parches, indicó.

RENOVACIÓN POPULAR

En su intervención, el diputado Diego Bazán Calderón (Renovación Popular) señaló que “resulta importante y necesaria la modificación de la décimo séptima Disposición Complementaria Final (de la ley de Presupuesto) que solicita una reivindicación justa para los trabajadores de la SUNAT”, y solicitó realizar transferencias financieras para las universidades públicas.

Posteriormente, el diputado José Baella Malca (Renovación Popular) intervino en representación de los trabajadores del Instituto Nacional Penitenciario, para quienes solicitó incluir en el presupuesto una autorización para actualizar la escala del incentivo único CAFAE.

OBRAS

Cambiando el enfoque hacia el ámbito laboral y judicial del sector educación, el diputado Arturo Eusebio Padilla (Partido Cívico Obras) solicitó que se incorpore una disposición que destine no menos del 50 % del saldo de balance proveniente de recursos ordinarios y recursos directamente recaudados al pago de sentencias judiciales con calidad de cosa juzgada a favor de docentes. Padilla remarcó que se trata de maestros que han entregado años de su vida al servicio educativo y que no se puede permitir que esperen años adicionales para que se cumpla una decisión judicial que ya les ha dado la razón.

En sintonía con ese reclamo del sector docente, el diputado Heber López (Partido Cívico Obras) pidió que se incorpore y autorice el presupuesto necesario para la ejecución de la Ley 32390, que incluye la conversión de plazas orgánicas y de bolsas de horas a plazas orgánicas. Según López, los maestros no pueden esperar más por esta regularización.

Volviendo al tema de los nombramientos docentes, ahora en el ámbito universitario, el diputado Henry Albañil (Partido Cívico Obras) pidió al Ministro de Educación y al Ministro de Economía y Finanzas que, en el marco de la Ley 32618 —que aprobó el régimen excepcional para el nombramiento de docentes contratados en universidades públicas—, se asignen los recursos presupuestales pendientes para efectivizar la titularidad de las plazas de 27 docentes altamente calificados de la Universidad Nacional de Piura, quienes continúan a la espera de dicha asignación.

Por su parte, la diputada Dina Hancco Hancco (Partido Cívico Obras) propuso incorporar en el presupuesto 2027 una serie de inversiones destinadas a la construcción de instituciones educativas y establecimientos de salud, así como a la implementación de servicios de saneamiento en la sierra sur del país.

Seguidamente, el diputado Juan Cabrera Nieto (Partido Cívico Obras) señaló la importancia de que Tacna no llegue a su centenario con obras paralizadas. Por ello, solicitó financiar la culminación del canal de Tacalaya, que pierde casi cuatro millones de metros cúbicos de agua al año y al que el presupuesto le asigna cero soles.

AHORA NACIÓN

Trasladando el debate a la región Arequipa, la diputada Marleny Arminta (Ahora Nación) señaló que su región viene sufriendo serias deficiencias en materia de Internet, electricidad y carreteras, entre otros servicios básicos. Para atender estas brechas, indicó que se priorizaron proyectos en dos de las ocho provincias de la región: la instalación de agua potable y alcantarillado en Callarani, con una inversión superior a 11 millones de soles que beneficiará a casi 1200 familias, y la mejora del camino vecinal en la provincia de Camaná, con una inversión de más de 5 millones de soles que beneficiará a más de 900 familias.

En tanto, el diputado Ángel Meneses (Ahora Nación) solicitó la incorporación de varias disposiciones complementarias. Entre ellas, pidió la incorporación de los trabajadores de la SUNARP al régimen del Decreto Legislativo 728, así como el establecimiento de una nueva escala remunerativa para el personal del Gobierno Regional de Lima, del Seguro Integral de Salud (SIS), del RENIEC y de DEVIDA. Adicionalmente, planteó que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones pueda reasignar recursos de su propio presupuesto 2027 para financiar una nueva escala remunerativa destinada a su personal bajo el régimen 728.

Por su parte, el diputado Helard Sonco Villanueva (Ahora Nación) solicitó incorporar en la Ley de Presupuesto financiamiento para proyectos de vías urbanas y de saneamiento en diversos centros poblados y comunidades campesinas del departamento de Puno.

Finalmente, el diputado José Marcelo Salazar (Ahora Nación) manifestó que es necesario corregir la rigidez del presupuesto mediante la incorporación de una Disposición Complementaria Final que habilite mecanismos presupuestales ágiles para financiar los proyectos de inversión de los gobiernos locales que están en proceso de ejecución.

La sesión quedó en cuarto intermedio a solicitud del presidente de dicho grupo de trabajo y se reanudará mañana a las 4:00 p. m., con el propósito de evaluar los planteamientos presentados y avanzar en la elaboración del texto sustitutorio de los dictámenes.

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL

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