La Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera de la Cámara de Diputados, que preside el diputado José Marcelo Salazar (Ahora Nación), recibió este miércoles 11 al gerente central de Estudios Económicos del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Adrián Armas Rivas, quien sustentó la Proposición Legislativa 547-2026-2031-CD, que propone autorizar el aumento de la cuota del Perú en el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Durante su presentación, el funcionario del BCRP destacó la importancia del proyecto de ley que autoriza elevar la cuota del Perú en el FMI de DEG 1,334.5 millones (US$ 1,807 millones) a DEG 2,001.8 millones (US$ 2,710 millones), lo que representa un incremento de DEG 667.3 millones (US$ 903 millones).

La propuesta responde a la 16.ª Revisión General de Cuotas del FMI, que dispuso un aumento equiproporcional del 50 % para todos los países miembros, y busca formalizar el consentimiento legal que el Perú debe comunicar al organismo para hacer efectivo dicho ajuste.

La norma encarga al BCRP la ejecución de las operaciones financieras, trámites y documentos necesarios para implementar el incremento. Según el propio Banco Central, la medida no representa una erogación del Tesoro Público ni modifica el nivel de las reservas internacionales del país, sino que ajusta la composición de los activos externos del BCRP.

El incremento de cuota, además, eleva el límite potencial de acceso del Perú a financiamiento del FMI en caso de requerirlo. La iniciativa sigue la línea de anteriores aumentos de cuota aprobados por el Congreso desde 1959, el más reciente mediante la Ley N.° 29823 de 2011.

Tras la exposición del funcionario del BCRP, se abrió el espacio de preguntas e intervenciones, en el que los diputados plantearon diversas dudas técnicas, políticas y de fondo sobre la medida.
Juan Cabrera Nieto (Partido Cívico Obras) expresó su preocupación por una posible relación con la inflación, señalando que las reservas internacionales del país están compuestas mayoritariamente por dólares y no por oro. En ese sentido, consultó al funcionario del BCRP qué vínculo existe entre la inflación, el poder adquisitivo del dólar y el incremento sustancial del monto propuesto para la cuota.

Rosángella Barbarán Reyes (Fuerza Popular), respondiendo a esa inquietud, explicó que el mecanismo es más sencillo de lo que podría parecer, precisando que no se trata de que el Perú entregue su dinero al FMI. Para ilustrarlo, comparó el funcionamiento del organismo con un «club» integrado por distintos países, en el que la cuota representa un aporte cuyo incremento —en este caso, del 50 %— fue decidido por el propio FMI para todos sus miembros.

Señaló que, si bien cada país podría optar por no incrementar su cuota, el BCRP ya realizó una evaluación interna que concluyó que el Perú sí está en condiciones de asumir dicho aumento sin comprometer su posición financiera. Advirtió que no hacerlo podría afectar la posición relativa del país dentro del organismo, lo que resultaría perjudicial si en el futuro el Perú requiriera acceder a financiamiento del Fondo. Enfatizó que, de haber existido un riesgo real, el propio BCRP habría recomendado no proceder con el incremento.

César Holguín Loayza (Ahora Nación), pese a esta explicación, manifestó su preocupación por la falta de información detallada presentada en la sesión y solicitó al presidente de la comisión requerir formalmente al representante del BCRP que remita la evaluación técnica mencionada, a fin de que la comisión —y el país— puedan conocer con precisión los alcances reales de la medida.
Insistió en que no debe presentarse como un simple trámite administrativo, pues implica una recomposición significativa de los activos del BCRP en un contexto económico que, a su juicio, amerita mayor análisis y cautela antes de adoptar una decisión.

El diputado José Marcelo Salazar (Ahora Nación) coincidió en que se trata efectivamente de una recomposición de las reservas del país, y utilizó la analogía de un seguro: «es mejor tenerlo y no necesitarlo, que necesitarlo y no tenerlo». No obstante, reconoció que la propuesta genera dudas legítimas en torno al costo de oportunidad que implicaría este incremento de cuota.

Jaime Abensur Pinasco (Fuerza Popular), cerrando la ronda de intervenciones, planteó una pregunta de carácter estratégico: ¿qué situación enfrentaría el Perú en el ámbito internacional si esta norma no llegara a aprobarse?.

Finalmente, en otro momento de la sesión, fueron aprobados por unanimidad: el Proyecto de dictamen de inhibición recaído en la Proposición Legislativa 127-2026-2031-CD «Ley que fortalece la transparencia y el control de las modificaciones en los contratos públicos», así como el Proyecto de dictamen de inhibición recaído en la Proposición Legislativa 044-2026-2031-CD «Ley de agua sin demoras».

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