Con 66 votos a favor, 0 en contra y 36 abstenciones, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen recaído en las proposiciones legislativas 13/2026-2031- CD, 17/2026-2031-CD, 477/2026-2031-CD, 00540-2026-2031-CD y 00612-2026-2031-CD acumuladas, que propone modificar el Decreto Legislativo 1373, sobre la extinción de dominio, para restablecer la autonomía del proceso y fortalecer sus garantías

La propuesta tiene por objetivo modificar el marco normativo del proceso de extinción de dominio, a fin de restablecer su autonomía, establecer reglas de coordinación con el decomiso penal y fortalecer las garantías procesales aplicables a dicho proceso.

“El proceso de extinción de dominio es independiente y autónomo del proceso penal, civil u otro de naturaleza jurisdiccional o arbitral, por lo que no puede invocarse la previa emisión de sentencia o laudo en éstos para suspender o impedir la emisión de sentencia en aquél”, se detalla en parte de la iniciativa.

En otra parte, se indica que no procede interponer demanda de extinción de dominio respecto de un bien sometido a medida de coerción real con fines de decomiso en un proceso penal en trámite, siempre que en dicho proceso corresponda emitir un pronunciamiento definitivo sobre su decomiso. “No procede la extinción de dominio respecto del bien sobre el cual exista resolución judicial firme que haya dispuesto su decomiso”, se precisa.

En la disposición complementaria final se habla sobre el financiamiento, donde se acota que el pago de las compensaciones previstas en el artículo 40-B del Decreto Legislativo 1373, Decreto Legislativo sobre Extinción de Dominio, se atiende con cargo a los recursos que administra el PRONABI, sin demandar recursos adicionales al tesoro público.

Al respecto, Catherin Palomino Casavilca (Juntos Por el Perú), presidenta de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, sostuvo que el Estado habría dejado de recuperar aproximadamente 50 millones de dólares por el efecto conjunto de esta ley, que ahora cambiarán.

“La presidenta del Poder Judicial advirtió que estas modificaciones reintrodujeron dilaciones y redujeron la eficacia de la recuperación de activos. Ante esta situación, nuestra comisión recibió opiniones del Ministerio Público, la Cámara de Comercio de Lima y especialistas, y realizó mesas técnicas para examinar las propuestas”, sostuvo.

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