La Comisión de Medio Ambiente y Sostenibilidad de la Cámara de Diputados, que preside el diputado Arturo Alegría García (Fuerza Popular), recibió las opiniones de expertos en temas ambientales, con experiencia en los ámbitos público y privado, sobre la Proposición Legislativa 00088-2026-2031-CD, que propone la “Ley de Desarrollo Sostenible de las Actividades Agrarias en la Amazonía”.

Los especialistas, vinculados a la defensa del medio ambiente, la biodiversidad, la conservación de los bosques y las áreas protegidas, expusieron sus observaciones y advertencias respecto de los alcances de la iniciativa.

EXPERTOS PIDEN EL ARCHIVO DE LA PROPUESTA LEGISLATIVA

César Ipenza Peralta, abogado especialista en materia ambiental y docente universitario, cuestionó que el proyecto de ley pretenda formalizar procedimientos que, según indicó, el Tribunal Constitucional ya ha declarado inconstitucionales, al ofrecer beneficios y una vía preferente a quienes ocuparon ilegalmente los bosques y los transformaron al margen de la ley.

Agregó que la Constitución establece que los recursos naturales son patrimonio de la nación, por lo que no corresponde titular los bosques, que constituyen un patrimonio de todos los peruanos.

Asimismo, señaló que la propuesta legislativa contraviene la normativa ambiental y forestal, la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, y la Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales. También advirtió que sería contraria al Convenio 169 de la OIT, a la Ley de Consulta Previa y al Acuerdo de Promoción Comercial con Estados Unidos.

Respecto del régimen de protección de las actividades agrarias en la Amazonía, indicó que no se debe otorgar seguridad jurídica ni premiar a quienes han deforestado bosques que fueron invadidos, sin una evaluación previa ni los sustentos técnicos correspondientes. Advirtió, además, que la propuesta podría beneficiar a traficantes de tierras.

Ipenza Peralta pidió prohibir el cambio de uso del suelo, declarar la intangibilidad de los bosques amazónicos y culminar los procesos de zonificación forestal pendientes a cargo del Poder Ejecutivo y de los gobiernos subnacionales. Asimismo, planteó promover la restauración mediante contratos de cesión en uso para sistemas agroforestales.

De igual forma, consideró necesario realizar una consulta previa. En ese contexto, señaló que la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), organización representativa de los pueblos indígenas cuya misión es defender y promover el respeto de sus derechos colectivos, remitió un oficio para solicitar el archivo de la propuesta legislativa.

Por su parte, Raúl Mauricio De los Ríos Cáceres, auditor ambiental gubernamental y primer fiscal adjunto supremo en materia ambiental, enfatizó que no se debe debilitar el Sistema Nacional de Gestión Ambiental. Asimismo, resaltó la importancia de educar a la población en la conservación de los bosques, que permiten preservar la biodiversidad y constituyen reservas de agua y fuentes de aire puro.

A su turno, el ingeniero forestal Gustavo Suárez de Freitas Calmet, exdirector general Forestal y de Fauna Silvestre y de Áreas Naturales Protegidas, señaló que los suelos de la Amazonía se agotan debido a la falta de inversión, lo que propicia la continuidad de la deforestación. En ese sentido, coincidió en la necesidad de recuperar las áreas deforestadas e invertir en ellas. No obstante, consideró que es necesario formalizar a los agricultores de manera ordenada.

Sostuvo que la formalización puede lograrse mediante incentivos y que la propuesta legislativa debe perfeccionarse para garantizar su viabilidad, toda vez que los bosques no se privatizan, pero las tierras agrícolas sí.

Respecto de la creación del Régimen de Promoción de Actividades Agrarias Sostenibles, manifestó que se trata de un proceso que implica asumir compromisos.

Finalmente, algunos diputados plantearon realizar una mesa de trabajo con los actores involucrados y los potenciales beneficiarios, a fin de recoger aportes que permitan mejorar la viabilidad de la propuesta legislativa analizada.

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