La Comisión de Medio Ambiente y Sostenibilidad de la Cámara de Diputados, que dirige Arturo Alegría (Fuerza Popular) recibió a las principales autoridades del sector energético y ambiental para evaluar el alcance del convenio de evaluación técnica en el valle del Candamo, ubicado en Madre de Dios. Durante la sesión, los legisladores manifestaron su preocupación ante los planes que buscan valorar un potencial de yacimiento estimado en hasta 20,4 trillones de pies cúbicos de gas natural dentro de un área natural estrictamente protegida.

La sesión contó con la participación de la viceministra de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas, Iris Marleni Cárdenas Pino; el presidente del Directorio de Perupetro S.A., Esteban Mario Bertarelli Bustamante; y el jefe del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernarp), José Carlos Nieto Navarrete.

Los parlamentarios centraron sus críticas en la inviabilidad legal y ambiental de abrir frentes de explotación en zonas de alta biodiversidad, recordando que el Parque Nacional Bahuaja Sonene goza de una protección jurídica estricta.

Al respecto, la diputada Haydee Poma (Juntos por el Perú) ratificó una postura en contra de perforar áreas protegidas, señalando que el desarrollo no puede basarse en la destrucción ni en la vulneración de los derechos de las comunidades nativas amazónicas, por lo que exigió aclarar si las cifras promocionadas son meros recursos prospectivos y cuestionó por qué el Estado busca flexibilizar parques nacionales en lugar de destrabar inversiones en zonas sin protección.

En esa misma línea, su colega Giannina Avendaño (Juntos por el Perú) recordó que el proceso de firma del convenio de evaluación técnica fue cancelado en cumplimiento de un mandato judicial que debe ser respetado, desmitificando la urgencia energética al citar reportes oficiales que demuestran que entre los años 2018 y 2024 existieron excedentes promedios de más de 200 millones de pies cúbicos en capacidad de transporte de gas que no se utilizaron. Por ello, Avendaño propuso, en cambio, optimizar la infraestructura ya desarrollada en los lotes existentes 88, 56, 57 y 58 antes de tocar ecosistemas intangibles.

Por su parte, la diputada Pierangeli Dodero (Fuerza Popular) exigió un informe técnico detallado a las autoridades invitadas para conocer con precisión científica y legal el estado actual de conservación y preservación del parque nacional ante cualquier amenaza externa.

Además del impacto ecológico, se abordaron sobre el mercado local de hidrocarburos y la soberanía energética del país. Al respecto, El diputado Juan Cabrera (Partido Cívico Obras) criticó con dureza el elevado costo de vida y las tarifas que pagan los ciudadanos peruanos, calificando de contradictorio que el gas nacional sea exportado a países vecinos y a México a precios significativamente más baratos que los ofrecidos a la población local, la cual debe pagar entre 60 y 70 soles por un recurso del que el país es productor.

En tanto, Javier Cipriani (Renovación Popular) enfocó su intervención en el rol comercial de Perupetro bajo su condición de empresa de derecho privado, solicitando explicaciones claras sobre la estrategia comercial de la entidad frente al escenario planteado por los expositores de que las reservas probadas actuales podrían agotarse en un horizonte de 12 años.

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