El Grupo de Trabajo sobre Economías Ilícitas, constituido en el ámbito de la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera y coordinado por el diputado Jaime Abensur Pinasco (Fuerza Popular), realizó una mesa técnica sobre el contrabando y el comercio ilegal, la vulnerabilidad fronteriza y la defraudación aduanera.

En la reunión participaron representantes de la Policía Nacional del Perú (PNP), la Sunat-Aduanas y la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), quienes expusieron la situación del contrabando en el país, los principales puntos vulnerables de las fronteras y las distintas modalidades utilizadas para introducir mercancías ilegalmente. Entre los productos detectados figuran prendas de vestir, cigarrillos, alimentos envasados con etiquetas falsas, 45 400 municiones, 68 armas de fuego y dos millones de réplicas de armas, entre otros.

Los participantes coincidieron en la necesidad de incrementar los recursos humanos y económicos destinados a combatir estos delitos, así como garantizar una presencia policial permanente que permita detectar oportunamente las actividades del crimen organizado. Advirtieron que estas organizaciones modifican constantemente sus modalidades de operación y disponen de importantes recursos para continuar con sus actividades ilícitas.

Asimismo, plantearon la necesidad de centralizar el mando de las acciones contra el comercio ilícito y establecer estrategias conjuntas para impedir el accionar de las organizaciones criminales. En ese sentido, destacaron la importancia de aplicar estrictamente la Ley General de Aduanas y, de acuerdo con la naturaleza de los bienes incautados, las disposiciones de la legislación penal vigente.

Por su parte, el coronel Miguel Arias, de la Dirección de Policía Fiscal (DIRPOFIS) de la PNP, advirtió que esta unidad especializada no cuenta con dependencias desconcentradas en regiones estratégicas como Tacna y Puno, lo que limita su capacidad de intervención.

SUNAT

Manuel Sánchez, representante de la Sunat, informó que la mayor incidencia del contrabando se registra en la zona altoandina. Explicó que las intervenciones permiten identificar mercancías vinculadas al contrabando, la defraudación de rentas de aduana y otros ilícitos relacionados con el comercio exterior.

Asimismo, advirtió que en la frontera norte, con Ecuador, solo se cuenta con un puesto aduanero. En cuanto a la infraestructura tecnológica, señaló que la institución dispone de equipos de control en los puertos y siete escáneres de retrodispersión distribuidos en los principales puntos de ingreso al país.

Respecto a los resultados de las intervenciones, informó que el impacto tributario estimado asciende a 119 millones de dólares y que, hasta octubre de este año, se registraron mercancías intervenidas e incautadas por un valor de más de 128 millones de dólares, incluso mediante operativos en el transporte terrestre. Precisó que estos bienes pueden ser destinados a instituciones beneficiarias, como municipalidades y gobiernos regionales.

Agregó que, durante el presente año, se elaboraron 902 informes de indicios de delito, de los cuales 213 derivaron en sentencias. Estos procesos comprenden no solo casos de contrabando, sino también delitos de receptación, financiamiento y defraudación tributaria, entre otros.

También destacó el apoyo de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la cooperación internacional y el Ministerio Público, así como la participación de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en el intercambio de información y la ejecución de operativos.

Finalmente, señaló que se han incautado dinero, equipos tecnológicos y mercancías que representan un riesgo para la salud pública, debido a que incumplen las normas sanitarias. En ese contexto, resaltó el trabajo articulado con Migraciones, Senasa, Serfor y otras instituciones para optimizar los controles mediante una adecuada gestión de riesgos.

SOCIEDAD NACIONAL DE INDUSTRIAS

Silvia Hooker, gerente de Comercio Exterior y Asuntos Internacionales de la Sociedad Nacional de Industrias, resaltó la importancia de fortalecer la trazabilidad de las mercancías mediante controles digitales y la aplicación de medidas antidumping.

Como ejemplo de esta problemática, señaló que la SNI ha detectado el ingreso de grandes cantidades de azúcar que posteriormente es reenvasada y distribuida en el sur del país con empaques falsificados que la presentan como producto peruano.

Asimismo, informó sobre la creación de un Observatorio de Lucha contra el Comercio Ilícito, que ya cuenta con diversos aliados, e invitó al Congreso de la República a incorporarse a esta plataforma de datos, propuestas e información.

Hooker también consideró fundamental fortalecer el trabajo articulado entre las instituciones públicas y los organismos de cooperación internacional, promover una legislación homogénea entre los países fronterizos involucrados y centralizar las acciones de lucha contra el crimen organizado en el Perú.

Además, planteó que los delitos aduaneros y la piratería sean abordados como amenazas del crimen organizado contra el Estado y considerados dentro de las fuentes de lavado de activos. En esa línea, sostuvo que la Fiscalía de la Nación también debe adoptar medidas para enfrentar esta problemática.

Al término de la reunión, el diputado Jaime Abensur propuso promover asociaciones público-privadas como mecanismo para fortalecer la lucha contra estos delitos, que perjudican tanto al Estado como al sector privado.

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