Con el objetivo de construir una propuesta legislativa integral que fortalezca la convivencia escolar y garantice la protección de niñas, niños y adolescentes, el diputado Segundo Juan Castrejón Fernández (Partido del Buen Gobierno) presidió la mesa técnica multidisciplinaria sobre el texto sustitutorio en materia de convivencia escolar, prevención del bullying y ciberbullying, correspondiente al Proyecto de Ley 00074-2026-CD y acumulados.

Durante la jornada, se recogieron aportes técnicos de representantes de los ministerios de Educación, de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, de Justicia y Derechos Humanos, y de Transportes y Comunicaciones, con la finalidad de enriquecer el texto legislativo y establecer mecanismos efectivos de prevención, atención y protección de las víctimas.

Uno de los datos más preocupantes fue presentado por el Ministerio de Educación, que informó que más de 20 mil reportes de violencia escolar fueron registrados hasta el 31 de octubre de 2026 en la plataforma SíseVe, correspondientes a distintas modalidades de violencia física, psicológica y sexual.

Por su parte, Nadya Villavicencio, directora general de Niñas, Niños y Adolescentes del Ministerio de la Mujer, advirtió que más del 60 % de los distritos del país no cuentan con DEMUNAS acreditadas. Asimismo, planteó fortalecer la prevención del ciberacoso y actualizar la normativa frente a nuevas formas de violencia digital vinculadas al uso de la inteligencia artificial.

En tanto, la representante del Ministerio de Justicia destacó la importancia de garantizar patrocinio legal gratuito, atención inmediata y confidencialidad para evitar la revictimización. Informó, además, que una campaña nacional permitió orientar a 20 683 personas sobre prevención del bullying.

A su turno, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones explicó los alcances de sus competencias en materia de telecomunicaciones y la necesidad de delimitar las responsabilidades institucionales frente al acoso en plataformas digitales.

La mesa técnica permitió identificar desafíos normativos, operativos y presupuestales, así como la necesidad de articular esfuerzos entre los distintos sectores del Estado. Los aportes recogidos servirán como insumos para la elaboración del texto sustitutorio, orientado a fortalecer la prevención del bullying y ciberbullying, mejorar los mecanismos de atención y promover entornos educativos seguros y libres de violencia.

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