El Pleno de la Cámara de Diputados, presidido por Oscar Reto Otero, acordó reprogramar la discusión del informe final de la Denuncia Constitucional N.° 12 (antes 403). José Pedro Castillo Terrones, en su condición de expresidente de la república, y contra Walter Edison Ayala González, en su condición de exministro de Defensa.

La decisión se adoptó tras leerse unos oficios remitidos por los abogados de los denunciados y una reunión de la Junta de Portavoces de la cámara.

“Señores diputados, de conformidad con los documentos leídos y luego de reunión en Junta de Portavoces, se va a reprogramar el debate y la votación del informe final presentado por la Comisión de Acusaciones Constitucionales respecto a la denuncia constitucional N.° 12 antes 403”, indicó el titular de la cámara.

En las misivas, los abogados de los exfuncionarios solicitaron diferir la fecha, indicando que no asistirían a la sesión programada (para este jueves 29 a las 15:00 horas), a fin de garantizar un plazo razonable para la revisión de la información que sustenta la denuncia constitucional.

El informe final corresponde a la Denuncia Constitucional N.° 12 (antes 403), presentada por la entonces fiscal de la nación, Patricia Benavides Vargas, propone acusar a Pedro Castillo por “la presunta comisión de los delitos de patrocinio ilegal (artículo 385 del Código Penal), abuso de autoridad (artículo 476 del Código Penal) y cohecho pasivo propio (artículo 393 del Código Penal) al haberse acreditado que se instrumentalizó su cargo para vender ascensos y favorecer indebidamente a terceros”.

En tanto, al exministro Ayala se le acusa “por la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad (artículo 376 del Código Penal), cohecho activo genérico (artículo 397 del Código Penal) y tráfico de influencias agravado (artículo 400 del Código Penal), al haber actuado como intermediario y gestor de los intereses ilícitos del presidente y de terceros, vulnerando sus deberes funcionales”.

El informe también propone el levantamiento de fuero de los acusados para que el Ministerio Público proceda conforme a sus atribuciones respecto a los delitos funcionales identificados.

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