•Advirtió que el reglamento aprobado por el Senado no resuelve el problema de fondo: la concentración de la elección de los magistrados en un solo órgano.

•“La aprobación del reglamento debe ser el punto de partida de una discusión más amplia sobre cómo proteger la independencia del Tribunal Constitucional y evitar que su composición dependa exclusivamente de las mayorías políticas de turno”.

Lima, 28 de octubre de 2026.- La aprobación del Reglamento Especial para la Elección de los Magistrados del Tribunal Constitucional es un paso importante para establecer criterios de transparencia y meritocracia, pero no resuelve el problema de fondo: el modelo de elección concentra en el Senado la decisión sobre quiénes integrarán el máximo intérprete de la Constitución.

Así lo sostuvo la senadora Patricia Iturregui durante el debate en el pleno del Senado, al señalar que la idoneidad académica y moral de los magistrados, así como su desempeño en el cargo, dependen no solo de las reglas para evaluar a los candidatos, sino también de cómo se distribuye el poder de elegirlos.

La parlamentaria reconoció que el reglamento incorpora disposiciones orientadas a mejorar la selección, como requisitos para admitir candidaturas, causales de incompatibilidad, prevención de conflictos de interés, evaluación curricular y límites a la discrecionalidad. Sin embargo, advirtió que estas garantías tienen un alcance limitado si el proceso continúa dependiendo de la correlación de votos dentro de un solo órgano.

“En nuestro país, la elección de los magistrados está en manos de un solo poder: el Senado; y antes, el Congreso de la República”, señaló.

Otros países distribuyen la elección entre distintas instituciones

Para sustentar su posición, Iturregui citó referencias de modelos de elección de magistrados constitucionales en Alemania, Italia, España, Chile y Colombia, donde participan distintas instituciones en el nombramiento.

En Alemania, explicó, intervienen dos órganos legislativos en la elección de los magistrados; en Italia participan el presidente, el Parlamento y las altas cortes; y en España intervienen las dos cámaras, el Gobierno y el Consejo General del Poder Judicial. En Chile participan el presidente, el Congreso y la Corte Suprema, mientras que en Colombia el Senado elige entre ternas presentadas por distintas instituciones.

La comparación, sostuvo, permite poner sobre la mesa una discusión pendiente en el Perú: cómo establecer un sistema de elección que combine la evaluación rigurosa de los candidatos con una distribución del poder que fortalezca la independencia del Tribunal Constitucional.

Iturregui plantea abrir el debate sobre una reforma constitucional

La senadora remarcó que la aprobación del reglamento debe ir acompañada de una discusión sobre el modelo de elección establecido en la Constitución. A su juicio, la concentración de las competencias para elegir y remover a los magistrados puede afectar la autonomía del Tribunal Constitucional y dejar su funcionamiento expuesto a los intereses del órgano que controla esas decisiones.

Por ello, planteó la necesidad de revisar el esquema vigente y avanzar hacia una reforma constitucional que permita incorporar mayores contrapesos institucionales en la elección de los magistrados.

El desafío, señaló, no consiste únicamente en seleccionar candidatos con méritos profesionales y solvencia moral, sino en garantizar que quienes interpreten la Constitución puedan ejercer sus funciones con autonomía e independencia.

Despacho de la senadora Patricia Iturregui