El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el texto sustitutorio de la Proposición Legislativa 00178-2026-2031-CD, que instituye el segundo lunes de noviembre de cada año como el Día Nacional para la Sensibilización sobre los Niños y Adolescentes en Situación de Orfandad o Desprotección Familiar y establece acciones de sensibilización social.

El texto sustitutorio encarga al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), a través del INABIF y en coordinación con los ministerios de Salud, Educación y Desarrollo e Inclusión Social, así como con el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil – RENIEC, desarrollar acciones para visibilizar esta realidad y difundir los requisitos y procedimientos de acceso a la asistencia económica y al acompañamiento profesional.

También contempla la difusión de las modalidades de cuidado alternativo, especialmente el acogimiento familiar, en articulación con la promoción de la adopción. Incluye los servicios de salud mental y acompañamiento en el duelo para los menores y sus cuidadores, con especial atención a quienes perdieron a su madre, padre o tutor legal por hechos de violencia.

La información deberá difundirse en las lenguas indígenas u originarias que correspondan y con pertinencia cultural. Las entidades públicas también promoverán la sensibilización de la sociedad mediante sus plataformas digitales y canales de comunicación.

En materia de rendición de cuentas, el MIMP deberá publicar, a más tardar el segundo lunes de noviembre de cada año, un reporte sobre la implementación de la Ley 31405, con información al 30 de septiembre. Este incluirá el número de beneficiarios por departamento, la cobertura respecto de la población identificada por el RENIEC y las principales brechas de acceso, particularmente en zonas rurales y pueblos indígenas u originarios.

Durante la sustentación, Flor Meza Rivera (Fuerza Popular), presidenta de la Comisión de Inclusión Social, Familia, Mujer y Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, explicó que el dictamen incorpora medidas concretas y verificables, articuladas en tres ejes como son la sensibilización y difusión, rendición de cuentas y un mecanismo anual de visibilización.

La parlamentaria señaló que la información sobre la asistencia económica se encuentra dispersa en plataformas y resoluciones, por lo que destacó la necesidad de contar con un reporte consolidado que permita al Parlamento evaluar los resultados y las brechas de atención.

Asimismo, informó que, al 31 de agosto de 2026, el INABIF registraba 103 753 beneficiarios de la asistencia de S/200 mensuales prevista en la Ley 31405. Subrayó que la protección también debe comprender el acceso al acogimiento familiar y a los servicios de salud mental y acompañamiento en el duelo.

DEBATE

Por Renovación Popular, Leo De Paz Lancho, autor de la iniciativa, sostuvo que la asistencia existente debe llegar a quienes aún no acceden a ella y destacó la necesidad de contar con cifras que permitan fiscalizar sus resultados. Roxana Rocha Gallegos pidió fortalecer el acompañamiento emocional y agilizar los procesos de adopción para garantizar un entorno familiar.

Desde Fuerza Popular, Pierangeli Dodero Jovich propuso ajustes a la denominación y al articulado para mejorar sus alcances. Rosangella Barbarán Reyes advirtió sobre las demoras que dificultan la adopción y pidió que las medidas se traduzcan en atención efectiva.

Sus colegas de bancada, Ana Luisa Yuffra Lugo resaltó la importancia de disponer de indicadores y evaluaciones que puedan ser fiscalizados. Carlos Domínguez Herrera solicitó fortalecer la acreditación y supervisión de los centros de acogida, mientras que Mery Infantes Castañeda demandó una intervención conjunta del Ejecutivo y los gobiernos regionales y locales, especialmente en la Amazonía.

Por Ahora Nación, Marleny Arminta Valencia destacó la rendición de cuentas y planteó precisiones técnicas para evitar duplicidades y emplear el término desprotección familiar. Indira Huilca Flores coincidió en esta precisión y solicitó garantizar la continuidad de la asistencia económica para hijos e hijas de víctimas de feminicidio adoptados por familiares directos.

Desde el Partido del Buen Gobierno, Nery Fernández Nina señaló que la protección de la infancia debe unir a las fuerzas políticas y que el idioma no puede constituir una barrera para conocer los derechos. Luis Quispe Candia pidió fortalecer la orientación a las familias y la atención de los menores vulnerables. Fernando García Huby remarcó la responsabilidad estatal de mejorar la protección y facilitar el acceso a la adopción.

Por Juntos por el Perú, Amalia Palomino Pacheco destacó la necesidad de brindar atención integral y apoyo psicológico durante el duelo, con recursos que permitan atender también a los niños y adolescentes de las zonas rurales.

De conformidad con el artículo 148 del Reglamento de la Cámara de Diputados, el dictamen aprobado se enviará al Senado de la República para continuar con el procedimiento legislativo.

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