Ante la grave crisis del sistema penitenciario peruano y la incapacidad del Estado para ampliar la infraestructura penitenciaria, el diputado de Renovación Popular, Aldo Bravo, planteó incorporar operadores extranjeros para construir y administrar nuevos penales para recuperar el control de las cárceles y golpear al crimen organizado desde su origen.

La propuesta N° 603-2026, impulsa la participación de empresas extranjeras especializadas en internamiento y reinserción social, con el objetivo de aprovechar su experiencia, tecnología y capacidad de gestión en la construcción de nuevos establecimientos penitenciarios y la administración interna bajo estrictos controles anticorrupción, estándares de desempeño e indicadores verificables (KPIs).

“Necesitamos megapenales a lo Bukele para que las cárceles peruanas dejen de ser centros de operaciones del crimen organizado. Quiero dejar claro que esta propuesta no implica privatizar los penales existentes. Tal como ocurre con la SUNEDU en el ámbito universitario, la SUNIR (ex INPE) podrá supervisar penales públicos como los privados”, precisó Aldo Bravo.

NO PRIVATIZA. El planteamiento establece expresamente que el Estado no pierde el control de los penales ni transfiere sus potestades penitenciarias. La Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización (SUNIR) no pierde las competencias exclusivas de autoridad, disciplina y sanción, clasificación de internos, beneficios penitenciarios y traslados.

La lucha contra la corrupción es una condición central del modelo, al establecer contratos con cláusulas obligatorias de integridad, prohibición de pagos indebidos, auditoría y resolución contractual en caso de actos de corrupción.

EL DATO. El megapenal de Ica, proyectado para albergar a 3,200 internos y actualmente paralizado, supera los S/ 800 millones de inversión. En contraste, el CECOT de Bukele, en El Salvador, tiene capacidad para 40,000 reclusos y su construcción costó aproximadamente S/ 500 millones, al tipo de cambio

Despacho del Diputado Aldo Bravo