La Comisión de Inclusión Social, Familia, Mujer y Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos de la Cámara de Diputados del Perú, presidida por la diputada Flor Meza Rivera (Fuerza Popular), abordó este lunes 19 el tema de la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes. En ese contexto, demandó fortalecer la respuesta del Estado, agilizar las investigaciones y garantizar atención oportuna a las víctimas.

Durante la sesión, la diputada Verónica Yonz (Renovación Popular) solicitó convocar al ministro de Educación para que informe sobre los protocolos de prevención y atención de casos de abuso sexual en las instituciones educativas, tras las denuncias registradas en Ica.

La diputada Romina Uribe (Partido del Buen Gobierno) respaldó el pedido y propuso convocar también a las autoridades responsables de la convivencia escolar y la educación básica regular. Advirtió que la violencia sexual contra menores exige una respuesta urgente y coordinada.

Por su parte, la diputada Jessica Benítez (Partido del Buen Gobierno) pidió evaluar las condiciones de inclusión educativa de estudiantes con trastorno del espectro autista (TEA), así como la disponibilidad de especialistas y servicios de acompañamiento.

La diputada Haydee Poma (JPP) denunció las limitaciones de los servicios de protección infantil en Madre de Dios y solicitó descentralizar las Unidades de Protección Especial hacia las provincias de Manu y Tahuamanu.

En tanto, la diputada Indira Huilca (Ahora Nación) cuestionó las deficiencias en la atención a las víctimas y pidió priorizar políticas preventivas que aborden las causas estructurales de la violencia, especialmente en comunidades vulnerables de Condorcanqui.

A su vez, la diputada PIlar Sulca (JPP) planteó fortalecer la atención intercultural mediante la presencia de profesionales que dominen las lenguas originarias en las regiones andinas y amazónicas.

CIFRAS

La viceministra de la Mujer, Erika Yenet Valdivieso López, informó que, entre enero y septiembre de 2026, los Centros de Emergencia Mujer atendieron 16 511 casos de violencia sexual contra menores, de los cuales 6 391 correspondieron a violaciones sexuales.

También reportó 2 120 reingresos por violencia sexual entre enero y julio, cifra que pone de relieve la necesidad de reforzar los mecanismos de protección y seguimiento.

En el caso de Condorcanqui, anunció que se proyecta implementar un centro de acogida residencial especializado y desarrollar mecanismos itinerantes de atención mediante los tambos.
Retrasos en las investigaciones y limitaciones de las cámaras Gesell.

El fiscal provincial Jordán Sendón Alba explicó que las investigaciones enfrentan retrasos debido a la limitada disponibilidad de cámaras Gesell y peritos especializados, así como a las dificultades de coordinación interinstitucional.

Por su parte, el jefe nacional del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Francisco Rubén Brizuela Poussaint, informó que, de las 138 cámaras Gesell existentes, 21 están inoperativas. Además, señaló un déficit de 573 puestos especializados.

Ante esta situación, la diputada Paola Martínez Paitán (Renovación Popular) solicitó precisar si las necesidades presupuestarias del instituto fueron incluidas en el requerimiento del Ministerio Público para el presupuesto de 2027.

La comisión continuará el seguimiento de estas demandas, con énfasis en la protección de menores y el acceso oportuno a la justicia.

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