La Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores del Senado, presidida por Carlos Mesía Ramírez (Fuerza Popular), sustentó el predictamen recaído en la Proposición Legislativa 0013-2026-2031-S que propone otorgar al Poder Ejecutivo facultades para legislar durante 90 días calendario en materia de seguridad ciudadana y frente al fenómeno de El Niño.

La propuesta recoge las 20 materias aprobadas por la Cámara de Diputados e incorpora otras siete destinadas a fortalecer la respuesta del Estado ante la criminalidad y agilizar proyectos de infraestructura frente a emergencias.

Durante la sustentación, Mesía Ramírez señaló que la delegación debe cumplir con las exigencias del artículo 104 de la Constitución: establecer materias específicas, un plazo definido y mecanismos de control del Congreso.

“Delegar no significa entregar una autorización ilimitada. Por eso, debemos examinar no solo la utilidad de cada medida, sino también su precisión y sus garantías”, manifestó.

MEDIDAS CONTRA LA CRIMINALIDAD

Entre las incorporaciones destaca el apoyo excepcional y temporal de las Fuerzas Armadas en la seguridad externa de los establecimientos penitenciarios, para reforzar sus perímetros y prevenir el ingreso de armas, chips y equipos celulares utilizados por organizaciones delictivas. El Instituto Nacional Penitenciario – INPE mantendría la dirección, custodia y reinserción de la población penitenciaria.

Asimismo, se plantea establecer libertad vigilada postpenitenciaria para delitos de alta peligrosidad y un registro correspondiente, con condiciones y garantías definidas, orientados a prevenir la reincidencia.

El predictamen también propone modificar el Decreto Legislativo 1095 para permitir que determinadas estructuras criminales sean calificadas como grupos hostiles, bajo requisitos concurrentes, resolución motivada, delimitación territorial y temporal, revisión periódica y rendición de cuentas al Congreso, en el marco de un estado de emergencia.

Otra medida permitiría aplicar herramientas de investigación, acciones sobre activos y cooperación internacional frente a organizaciones criminales que empleen sistemáticamente métodos de violencia propios del terrorismo, preservando el control judicial y el derecho de defensa, sin crear ni modificar el delito de terrorismo.

Se incluyen, además, precisiones sobre la legítima defensa y el fortalecimiento del Sistema de Inteligencia Nacional y de la Dirección Nacional de Inteligencia, con respeto a los derechos fundamentales.

Estas propuestas complementan las materias remitidas por la Cámara de Diputados sobre control migratorio, bloqueo de líneas y equipos empleados para delinquir, fiscalización de armas y explosivos, modernización penitenciaria, tratamiento diferenciado de adolescentes que cometieron delitos graves y lucha contra la extorsión, el sicariato y el crimen organizado.
Prevención y atención ante El Niño

En materia de infraestructura, la comisión propone simplificar procedimientos administrativos para proyectos priorizados en el Plan Nacional de Infraestructura y sus complementarios, a fin de facilitar la ejecución de puentes, drenes, carreteras y obras de protección. La medida mantendría las obligaciones ambientales, de seguridad y de protección del patrimonio cultural.

El texto remitido por la Cámara de Diputados también contempla apoyo financiero y tecnológico para productores agrarios, facilidades para ejecutar inversiones, saneamiento de predios y liberación de interferencias que retrasan obras.

Asimismo, plantea habilitar al Instituto Nacional de Defensa Civil – INDECI para entregar excepcionalmente ayuda humanitaria durante los primeros 15 días de una emergencia, priorizando a la población vulnerable, así como agilizar bonos habitacionales y soluciones de agua y saneamiento para familias damnificadas.

Durante el debate del predictamen la senadora Patricia Juárez Gallegos (Fuerza Popular) afirmó que la lucha contra la criminalidad es una responsabilidad de todos los peruanos y que no debe recaer únicamente en el Gobierno. Mencionó los problemas de seguridad en las fronteras y las deficiencias del sistema penitenciario y de justicia, incluida la presencia de personas recluidas sin sentencia.

En la misma línea, Lourdes Alcorta Suero (Renovación Popular) remarcó la urgencia de adoptar medidas frente a la criminalidad y atender el reclamo ciudadano de seguridad. Asimismo, respaldó que se contemple la calificación de delincuentes como grupos hostiles para permitir la actuación de las Fuerzas Armadas.

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