El presidente de la Comisión de Asuntos de Gestión del Estado y Contraloría del Senado, Percy Osorio Palpán (Juntos por el Perú), lamentó, durante la quinta sesión ordinaria de ese grupo de trabajo, la inasistencia del presidente del Consejo Nacional Penitenciario del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Abraham Lescano Salazar, quien había sido convocado para informar sobre la situación de la entidad que dirige.

Luego de informar que se había recibido un correo electrónico mediante el cual el funcionario comunicó que no asistiría a la sesión, Osorio Palpán cuestionó su ausencia y señaló que existen diversos temas relacionados con el sistema penitenciario y presuntos actos de corrupción que requieren ser esclarecidos.

“Pensaba que sabía que le venía la lluvia de preguntas e interrogantes”, manifestó el senador, al referirse a la ausencia del titular del INPE.

El presidente de la comisión sostuvo que es necesario fortalecer las acciones de control para garantizar que el personal del INPE cumpla adecuadamente sus funciones y evitar que desde los establecimientos penitenciarios se continúen coordinando o monitoreando actividades ilícitas.

“Lamentamos mucho su inasistencia. Todavía queda pendiente la invitación. Vamos a cursarle otro documento para el próximo martes”, expresó.

SERVIR

Durante la sesión, la presidenta ejecutiva de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR), Cecilia García Díaz, informó sobre los avances en la implementación de la Ley 30057, Ley del Servicio Civil.

Explicó que, diez años después de la publicación de dicha norma, en 2023 solo 18 entidades públicas habían logrado implementar el régimen del servicio civil. Atribuyó este limitado avance, principalmente, a la complejidad y duración del proceso, así como a la aplicación simultánea de la reforma a más de 2 mil entidades públicas de los tres niveles de gobierno.

“Es imposible manejar esa cantidad de entidades, quizás por eso no se pudo avanzar”, señaló.

Sin embargo, indicó que la situación cambió en 2023 con la publicación del Decreto Legislativo 1602, que simplificó el procedimiento y focalizó la implementación de la Ley del Servicio Civil en las 145 entidades del Gobierno nacional que aún se encontraban pendientes de transitar a dicho régimen.

De ese universo, 144 entidades elaboraron sus cuadros de personal, los cuales ya cuentan con opinión favorable de SERVIR. Asimismo, 63 entidades obtuvieron la opinión favorable del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), mientras que 40 lograron que sus cuadros de personal fueran aprobados por el Consejo Directivo de SERVIR.

“Han culminado la primera etapa y están listas para iniciar la contratación de trabajadores en el marco de la Ley del Servicio Civil”, señaló García Díaz.

Agregó que, a junio del presente año, 3277 servidores ya se encontraban vinculados al régimen del servicio civil.

Más adelante, la presidenta ejecutiva de SERVIR detalló cuatro iniciativas legislativas orientadas a fortalecer la gestión pública.

Una de ellas está relacionada con la contratación de trabajadores para atender situaciones de emergencia y ejecutar proyectos de inversión. En ese sentido, se plantea una propuesta legislativa que permita habilitar la contratación temporal de servidores de manera idónea y oportuna.

Asimismo, señaló que existe una limitada incorporación de profesionales con experiencia y conocimientos especializados provenientes del sector privado en puestos de dirección pública.

Para atender esta problemática, SERVIR propone modificar la Ley 31419, con el objetivo de fortalecer los requisitos para el acceso a puestos de dirección y responder a las actuales necesidades de gestión del Estado.

“El impacto esperado es fortalecer la dirección pública”, afirmó García Díaz.

EJECUCIÓN DE OBRAS EN DIFERENTES EDIFICIOS DEL CONGRESO

Antes, el oficial mayor del Congreso, Giovanni Forno Flórez, y el director ejecutivo de la Unidad Ejecutora para la Implementación de la Bicameralidad, Enrique Fernández Paniagua, informaron ante esta comisión sobre los procesos de contratación y el avance de las obras destinadas a adecuar la infraestructura del Parlamento al nuevo sistema bicameral.

Forno Flórez sostuvo que los procesos de adjudicación y adquisición no han recibido observaciones del órgano de control institucional y destacó que la ejecución de las obras cuenta con acciones de supervisión de la Contraloría. Precisó que la implementación por etapas permitió disponer oportunamente de espacios para el funcionamiento de la nueva estructura parlamentaria y señaló que se espera cumplir con las fechas y plazos establecidos, incluida la entrega prevista para febrero de 2027.

Por su parte, Fernández Paniagua señaló que la unidad recibió S/ 291 millones, de los cuales ya se han ejecutado S/ 228 millones, cerca del 80 % del presupuesto asignado. Explicó, además, que los trabajos se desarrollan por etapas para garantizar la habilitación progresiva de los ambientes y reducir las molestias.

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