Con el objetivo de corregir distorsiones en el sector salud y proteger a los consumidores, en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, que preside Miguel Huamán Cornejo (Partido del Buen Gobierno), se sustentaron dos importantes propuestas legislativas encaminadas a garantizar la transparencia de precios y la atención médica oportuna.

El diputado Diethell Columbus Murata (Fuerza Popular) sustentó la Propuesta Legislativa 00184-2026-2031-CD, que garantiza precios justos de los medicamentos en las farmacias de los establecimientos de salud privados a fin de evitar perjudicar al consumidor. De esta manera, se busca garantizar la transparencia en la determinación de los precios de los productos farmacéuticos.

“Lo que se busca es corregir lo que técnicamente se llama una asimetría en el tema de los precios de los medicamentos que encontramos en las farmacias de las clínicas versus lo que encontramos en cualquier botica de la calle. Lo que se busca es corregir esta asimetría. ¿Para qué? Para que los precios de aquellos que tienen un seguro privado sean competitivos y respeten las reglas del mercado”, sostuvo el diputado.

Asimismo, Columbus detalló que hoy en día existe un precio inflado de los medicamentos en las farmacias de las clínicas.

“No lo digo yo, lo reconoce Indecopi, lo reconoce Susalud en documentos públicos y oficiales que datan ya del año 2021 y que poco se ha avanzado en ese tema. ¿Qué dicen Indecopi y Susalud? Que las clínicas y sus farmacias, obviamente, estructuran el precio que le trasladan al consumidor”, añadió.

Por su parte, la diputada Haydee Poma Huamani (Juntos por el Perú) sustentó la Propuesta Legislativa 00230-2026-2031-CD, que fortalece la atención médica y la vigilancia epidemiológica para la población afectada por la contaminación con metales pesados y otras sustancias químicas.

“Su propósito se resume en una idea: pasar de la vigilancia reactiva a la protección activa de la salud pública. Es una propuesta de alcance nacional en todo el país del Desde los Andes hasta la Amazonía. Hay familias que pagan con su salud el costo de una minería que se realiza sin control o que deja pasivos sin remediar”, señaló la parlamentaria.

En esa línea, dijo que su propuesta busca mejorar la respuesta tardía del Estado, así como la vigilancia reactiva y dispersa ante el caso de una persona afectada por la contaminación minera.

“El ingreso de una persona al registro y al tratamiento demora. El problema no es solo la contaminación, es que el Estado no tiene hoy un mandato que lo obligue a buscar activamente a los afectados y llevarlos al tratamiento”, señaló.

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