La iniciativa plantea derogar los Decretos de Urgencia N.° 010-2025 y N.° 003-2026 y propone que SUNAT devuelva a la empresa estatal S/ 6,049 millones para fortalecer su capital de trabajo.

La diputada Anali Marquez Huanca presentó un proyecto de ley que propone derogar los Decretos de Urgencia N.° 010-2025 y N.° 003-2026, con la finalidad de paralizar el proceso de privatización de PETROPERÚ S.A. y adoptar medidas para su fortalecimiento financiero.

La parlamentaria señaló que ambos decretos, promovidos durante los gobiernos de José Jerí y José Balcázar, sirven de base para continuar un proceso de privatización que, según sostuvo, se inició en la década de 1990 durante el gobierno de Alberto Fujimori. Advirtió que actualmente alrededor de 60 inmuebles de PETROPERÚ estarían siendo ofrecidos por S/ 48 millones, mientras que otros activos, como los terminales de Pisco, Mollendo, Ilo y Bayóvar; las refinerías de Conchán, Pucallpa, Iquitos y El Milagro; así como los lotes 192 y 64, podrían ser transferidos a empresas privadas.

Márquez cuestionó además que se pretenda justificar estas medidas bajo el argumento de que PETROPERÚ no cuenta con recursos suficientes para operar. En ese sentido, explicó que su proyecto plantea que la SUNAT devuelva a PETROPERÚ S/ 6,049 millones, recursos que, según la iniciativa, corresponden a obligaciones pendientes y que permitirían fortalecer su capital de trabajo.

De este monto, S/ 4,218 millones estarían vinculados a las pérdidas generadas por la venta de combustibles en Loreto, Ucayali y Madre de Dios, departamentos comprendidos en el régimen especial de exoneración del IGV establecido por la Ley N.° 27037. Asimismo, otros S/ 1,831 millones corresponderían a la recuperación anticipada del IGV relacionada con la construcción de la Refinería de Talara.

Finalmente, la diputada sostuvo que PETROPERÚ no se encuentra quebrada ni carece de capital de trabajo, y afirmó que la SUNAT debe cumplir con devolver los recursos que, de acuerdo con la propuesta legislativa, mantiene pendientes con la empresa estatal, bajo las mismas condiciones aplicadas a las empresas privadas.

DESPACHO DE LA DIPUTADA ANALI MARQUEZ