La Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Senado, que preside la senadora Katherine Ampuero Meza (Renovación Popular), realizará su primera sesión descentralizada, correspondiente a la cuarta sesión ordinaria, el próximo jueves 22 de octubre en la ciudad de Trujillo, región La Libertad.

La titular del grupo de trabajo informó que, para esta sesión, se ha invitado a la gobernadora regional de La Libertad, al alcalde provincial de Trujillo, así como a representantes de la Corte Superior de Justicia, del Ministerio Público y de la sociedad civil, con el propósito de “escuchar sus requerimientos ante la grave situación de inseguridad que vive la región”.

Previamente, luego de un amplio debate, se desestimó por mayoría (4 votos a favor, 7 en contra y 1 abstención) el pedido del senador Andrés Ramos Huillca (Juntos por el Perú) para ampliar la agenda y debatir la creación de un grupo de trabajo de estudio y seguimiento sobre los hechos ocurridos durante las protestas sociales de los años 2022 y 2023 en el sur del Perú.

Ampuero Meza sostuvo que su presidencia “coincide con aquellos senadores que han señalado que no podemos abdicar y, definitivamente, no vamos a abdicar en nuestra función de control político y fiscalización”. En ese sentido, señaló que, frente al pedido del senador Ramos, se ha solicitado información documentada y detallada al fiscal de la Nación y a la presidenta del Poder Judicial.

Asimismo, informó que ambos funcionarios se presentarán ante la comisión, donde podrán recibir las preguntas correspondientes de los senadores, “porque esa es nuestra función, el control político”. La presidenta del Poder Judicial se presentará el próximo 29 de octubre, mientras que el titular del Ministerio Público lo hará durante la primera semana de noviembre.

EXPOSICIONES

De acuerdo con la orden del día, ante los miembros de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Senado se presentaron los jefes de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público y de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial, Juan Fernández Jerí y Roberto Palacios Bran, respectivamente.

El primero, Juan Fernández Jerí, informó sobre los resultados de su gestión desde que fue designado en el cargo, identificando los principales logros, dificultades y retos para el periodo 2026-2027.

Al respecto, sostuvo que su jurisdicción abarca todo el país y comprende un universo de 8 537 fiscales en actividad, de los cuales 3 817 son fiscales titulares y 4 720 son fiscales provisionales.

Más adelante, señaló que el balance operativo de los últimos cuatro años se traduce en 6 137 sanciones efectivas, 2 373 fiscales sancionados y 2 459 reportes remitidos a la Junta Nacional de Justicia.

A su turno, Roberto Palacios Bran manifestó que su función comprende un doble compromiso: actuar con firmeza frente a las conductas funcionales indebidas y garantizar que todo procedimiento administrativo disciplinario se desarrolle con objetividad, imparcialidad y respeto al debido proceso.

El funcionario señaló que el universo de competencia de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial comprende a “un poco más de 28 950 personas”. Para atender esta labor, indicó que cuentan con 74 jueces a dedicación exclusiva, mientras que el número ideal, de acuerdo con el Cuadro de Asignación de Personal (CAP), sería de 265.

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