Con el propósito de promover el diálogo y el análisis sobre las reformas legislativas vinculadas a la protección de los derechos humanos, el diputado Fernando García Huby (Buen Gobierno) organizó el foro público “Derechos humanos y reformas legislativas pendientes”, que contó con la participación del presidente de la Cámara de Diputados, Oscar Reto Otero.

Durante el encuentro, García Huby destacó la importancia de escuchar a la sociedad civil organizada y recoger sus aportes en el trabajo parlamentario.

“Los diputados tenemos que asumir esa función de representación que nos da la Constitución. Nosotros estamos en el cargo porque fuimos elegidos […] para escuchar al pueblo organizado y, en función de eso, legislar en beneficio del pueblo”, expresó.

El legislador sostuvo además que las diferencias políticas no deben impedir la búsqueda de objetivos comunes y resaltó el papel que cumplen gremios, asociaciones y sindicatos en la defensa de derechos y en la construcción del país.

Durante el foro se expusieron distintas posiciones respecto de reformas legislativas aprobadas en los últimos años. La decana del Colegio de Abogados de Lima, Delia Espinoza, planteó revisar y derogar determinadas normas que, a su juicio, afectan derechos y garantías. Asimismo, formuló observaciones a modificaciones relacionadas con la colaboración eficaz, la prescripción de delitos de lesa humanidad y la normativa de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI).

Por su parte, Carlos Rivera, representante de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y del Instituto de Defensa Legal, expuso sus cuestionamientos a determinadas disposiciones vinculadas a los derechos humanos.

En tanto, Javier Azpur, presidente de la Asociación Nacional de Centros, planteó fortalecer el diálogo entre el Parlamento y las organizaciones de la sociedad civil y se pronunció a favor de revisar aspectos de la normativa de APCI.

También participaron Ricardo Soberón, expresidente de DEVIDA; Jorge Duárez, catedrático e investigador de la Escuela Profesional de Sociología de la UNMSM; Grimaldo Ríos, de la organización Coalición Ciudadana por la Vida; y Jesús Peña Palacios, jefe adjunto de la Misión Técnica en el Perú de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

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