Proyecto de Ley plantea endurecer las sanciones contra quienes realicen transporte público sin habilitación y, además, generen un peligro concreto para la vida o integridad de las personas

Con el propósito de garantizar la integridad física de las personas en las vías terrestres, la diputada Roxana Rocha presentó el Proyecto de Ley 00185-2026-2031-CD que propone modificar el Código Penal para sancionar hasta con seis años de cárcel a quienes presten el servicio de transporte público de pasajeros, mercancías o carga, sin la habilitación correspondiente y, con su conducta, generen un peligro concreto para la vida o integridad de terceros.

El proyecto también contempla a los conductores particulares que manejen sin haber obtenido licencia, con licencia vencida, suspendida o cancelada, estando inhabilitados o utilizando una categoría que no corresponde al vehículo, siempre que su conducta genere un peligro concreto. En estos casos se plantea una pena de 6 meses a 2 años o servicios comunitarios, además de la correspondiente inhabilitación.

La iniciativa establece además que la responsabilidad penal será personal, por lo que no se sancionará al propietario de un vehículo únicamente por ser su dueño. Asimismo, busca evitar una doble sanción indebida por un mismo hecho y no criminaliza las prácticas de manejo, evaluaciones u otras actividades que cuenten con autorización. La propuesta tampoco demanda la creación de nuevos organismos o estructuras, pues se aplicaría utilizando las competencias existentes de la Policía Nacional, el Ministerio Público, el Poder Judicial y las autoridades de transporte.

“Una licencia no es un simple papel, acredita que una persona está habilitada para conducir. Esta propuesta no persigue al conductor por una formalidad, sino busca sancionar a quien, sin estar habilitado, convierte su conducta en un peligro para los demás”, sostuvo Rocha Gallegos, representante de Renovación Popular.

Por otra parte, señaló que la informalidad no puede convertirse en una amenaza para la vida. “Quien transporta pasajeros o carga tiene una responsabilidad mayor y, cuando decide operar al margen de la autoridad y además pone vidas en riesgo, el Estado debe contar con una respuesta firme, proporcional y efectiva”, puntualizó.

De esta manera, se busca fortalecer la seguridad vial sin recurrir a una criminalización indiscriminada, estableciendo tipos penales claramente delimitados y compatibles con los principios de lesividad, proporcionalidad, culpabilidad y responsabilidad personal.

Cabe indicar que la propuesta responde a las estadísticas alarmantes que señalan que entre enero de 2021 y marzo de 2024 se registraron más de 266 mil siniestros de tránsito, 10 226 fallecidos y más de 175 mil lesionados. Además, entre 2021 y 2023, en promedio, 35,8 % de los conductores fallecidos en siniestros fatales no tenía licencia y 6,6 % tenía la licencia vencida, según el Observatorio Nacional de Seguridad Vial.

Estas cifras evidencian la necesidad de reforzar las herramientas del Estado para prevenir que personas no habilitadas conduzcan vehículos poniendo en riesgo a pasajeros, peatones y otros conductores.

Lima, 26 de setiembre de 2026
Despacho de la diputada Roxana Rocha