El objetivo es proteger el presupuesto de proyectos en ejecución y sancionar a funcionarios que paralicen arbitrariamente obras con hasta seis años de prisión

Frente al grave problema de las obras públicas paralizadas en el país, la diputada Marleny Arminta Valencia presentó un proyecto de ley que busca garantizar la continuidad de las inversiones públicas y evitar que los cambios de autoridades en gobiernos regionales y municipales terminen paralizando proyectos que ya cuentan con presupuesto, contrato vigente o se encuentran en ejecución.

La iniciativa, denominada “Ley que garantiza la continuidad de la inversión pública y evita la paralización de obras por cambio de gestión gubernamental”, establece mecanismos para impedir anulaciones presupuestarias que reduzcan los recursos destinados a inversiones activas que cuentan con contratos vigentes registrados en el SEACE o que se encuentran en etapa de ejecución física.

“Una obra pública no puede depender de quién ocupa el sillón de una municipalidad o de un gobierno regional. Los recursos están destinados a servir a los ciudadanos y no pueden ser desviados arbitrariamente para empezar nuevos proyectos mientras otros permanecen abandonados”, sostuvo Arminta.

La propuesta cobra especial relevancia ante las cifras elaboradas por la Contraloría General de la República a junio de 2026. El documento registra 2,262 obras públicas paralizadas a nivel nacional, con un costo actualizado de inversión de S/62,828 millones y un saldo pendiente de ejecución superior a S/27,548 millones. En Arequipa se registran 101 obras paralizadas, con un costo de inversión actualizado de aproximadamente S/2,560 millones y un saldo pendiente de ejecución de más de S/1,116 millones.

RESPONSABILIDAD PARA QUIENES PARALICEN OBRAS

Uno de los componentes centrales de la iniciativa de Arminta es establecer responsabilidades para los funcionarios que, con dolo o culpa inexcusable, autoricen o tramiten anulaciones presupuestarias que tengan como consecuencia directa la paralización o retraso injustificado de una obra.

Además, el proyecto propone modificar el artículo 376 del Código Penal para establecer una pena de tres a seis años de prisión e inhabilitación cuando un funcionario, ejerciendo funciones de gestión presupuestaria, suspenda o paralice arbitrariamente —o incumpliendo los procedimientos legales— la ejecución presupuestal de proyectos que estén en ejecución o cuenten con contrato vigente.

“Si una autoridad decide arbitrariamente paralizar una obra que ya tiene contrato y presupuesto, debe asumir responsabilidad. No podemos seguir normalizando que hospitales, colegios, carreteras o sistemas de agua queden abandonados mientras los ciudadanos esperan durante años los servicios que necesitan”, afirmó la diputada.

La iniciativa plantea que los proyectos que cuenten con previsiones presupuestarias emitidas durante el año fiscal anterior tengan prioridad para la asignación de recursos que permita su continuidad y culminación, respetando las normas de ejecución presupuestaria vigentes.

“El Estado no puede gastar dos veces por la misma obra: primero para construirla y después para recuperar una infraestructura que quedó abandonada. Lo que proponemos es proteger la inversión ya realizada, garantizar la continuidad de las obras y cerrar las brechas que afectan directamente a millones de peruanos”, señaló Arminta.

La propuesta sostiene además que la continuidad de las obras permitirá preservar el valor de las inversiones ya ejecutadas, reducir el deterioro de infraestructura y contribuir al cierre de brechas en salud, educación, saneamiento y transporte.

DESPACHO INFORMA DE LA DIPUTADA MARLENY ARMINTA VALENCIA