Propuesta de la diputada Verónica Yonz plantea penas de 3 a 5 años de cárcel para responsables de operadoras que omitan dolosamente bloquear, en un plazo máximo de un día calendario, líneas o celulares vinculados a delitos.

 La diputada Verónica Yonz Núñez presentó un proyecto de ley que propone incorporar el artículo 222-E al Código Penal para sancionar con pena privativa de libertad de tres a cinco años al administrador, gerente, representante legal o funcionario de una empresa operadora que, teniendo competencia para actuar, omita dolosamente ejecutar la baja de una línea móvil o el bloqueo de un equipo vinculado a la comisión de un delito.

La iniciativa establece que la medida deberá cumplirse dentro de un plazo máximo de un día calendario desde la recepción válida del requerimiento de Osiptel, transmitido mediante el Renteseg o el sistema oficial autorizado. El objetivo es evitar que líneas o celulares identificados por la autoridad continúen operativos por una omisión deliberada.

El proyecto precisa que la responsabilidad penal será individual y no recaerá automáticamente sobre una persona por el solo hecho de ocupar un cargo. Para aplicar la sanción deberá acreditarse que conocía el requerimiento, tenía competencia funcional específica, contaba con la posibilidad real de ejecutar la medida y, pese a ello, decidió no hacerlo dentro del plazo establecido.

La propuesta busca reforzar la lucha contra delitos como la extorsión, donde los servicios móviles son utilizados para amenazar y contactar a las víctimas. Entre enero y junio de 2026, el Ministerio Público registró 11,946 denuncias por extorsión, un promedio aproximado de 66 denuncias diarias. Asimismo, entre agosto de 2024 y mayo de 2026 se reportaron 214 atentados con víctimas vinculados a presuntos casos de extorsión contra el transporte público de Lima y Callao, con 152 fallecidos y 131 heridos.

La problemática que sustenta la iniciativa es que, aunque ya existen procedimientos administrativos para ordenar la baja de servicios móviles y el bloqueo de equipos vinculados a delitos, actualmente no existe un tipo penal específico que sancione a quien, teniendo la obligación y capacidad concreta de ejecutar la medida, omita dolosamente hacerlo. El proyecto busca cerrar ese vacío y fortalecer la respuesta frente al uso de líneas y celulares como herramientas del crimen.

 DESPACHO DE LA DIPUTADA VERÓNICA YONZ NÚÑEZ