Por unanimidad, con seis votos a favor, la Comisión de Ordenamiento y Seguimiento Legislativo de la Cámara de Diputados, que preside el diputado Jaime Abensur Pinasco (Fuerza Popular), aprobó su Plan de Trabajo para el Periodo Anual de Sesiones 2026-2027.

El documento establece como finalidad de la comisión implementar un flujo de trabajo sistemático que permita operativizar los mandatos de la Ley 31772, Ley que establece el nuevo procedimiento de remisión al Congreso de la República y al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la información sobre la normatividad que ha sido derogada o modificada de forma tácita por los diversos órganos del Estado.

En ese sentido, la comisión buscará identificar el rezago de leyes pendientes de reglamentación y fiscalizar que las entidades públicas rindan cuentas oportunamente al Parlamento, sentando así las bases para determinar responsabilidades ante el incumplimiento de las normas.

A su turno, el presidente de la comisión detalló que este órgano parlamentario tendrá como visión constituirse en un espacio para abordar todo lo relacionado con la modernización y consolidación del sistema legal peruano.

“A fin de promover un ordenamiento normativo depurado, coherente y plenamente eficaz que fortalezca la seguridad jurídica y el desarrollo del país”, expresó Abensur Pinasco.

Asimismo, destacó la importancia de las funciones de revisión y seguimiento del cumplimiento de las normas con rango de ley.

“Estas se materializarán mediante la evaluación de las leyes vigentes pendientes de reglamentación y de determinadas leyes vigentes que obligan a diversas entidades públicas a informar al Congreso de la República”, acotó.

PLAN DE TRABAJO

El documento aprobado establece, como primer lineamiento, la función legislativa, que estará enfocada en la elaboración de proyectos de ley orientados a declarar la derogación expresa de normas que han perdido vigencia de manera tácita, así como en la presentación de iniciativas legislativas destinadas a prevenir la omisión de reglamentación y la falta de emisión de informes.

El segundo lineamiento está enfocado en la función de control político, a fin de citar a ministros de Estado, titulares de organismos constitucionalmente autónomos y autoridades regionales o locales para que brinden explicaciones sobre la demora en la reglamentación de leyes o la omisión en la entrega de informes obligatorios.

En tanto, el tercer lineamiento se centra en la función de representación, mediante la realización de mesas de trabajo conjuntas con representantes de los gobiernos regionales y locales, con el propósito de facilitar y estandarizar la remisión de la información exigida por la Ley 31772.

Finalmente, se proyecta alcanzar metas concretas al cierre del periodo anual de sesiones.
“Entre ellas se encuentran la certeza jurídica, la reducción del rezago reglamentario, la disciplina institucional y una gestión parlamentaria moderna”, finalizó el presidente de la comisión.

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