Diputados de diversas bancadas expresaron sus posiciones respecto de la solicitud presentada por el Poder Ejecutivo para legislar en materia de simplificación administrativa, transformación digital, reforma estructural y modernización del Estado, durante la sesión de la Comisión de Modernización de la Gestión del Estado y Contraloría, presidida por la diputada Paola Martínez Paitán (Renovación Popular).

El grupo de trabajo escuchó las exposiciones de Jorge Luis Rey de Castro Mesa, secretario de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM); Fernando Hurtado Regalado, secretario de Integridad Pública; y Ricardo Zapata de la Rosa, de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, quienes explicaron los principales alcances de la solicitud de delegación de facultades legislativas formulada por el Poder Ejecutivo.

Por Fuerza Popular, Auristela Obando Morgan sostuvo que la modernización debe contribuir a lograr un Estado más ágil, íntegro y transparente mediante la simplificación de trámites, la digitalización, la trazabilidad de las decisiones públicas, la meritocracia y la aplicación oportuna de sanciones. Asimismo, consideró que la prevención debe anteceder a la sanción y pidió priorizar la conectividad rural como una herramienta fundamental para cerrar las brechas sociales.

Jaime Abensur Pinasco solicitó a los funcionarios precisar el alcance de las modificaciones normativas y señalar quiénes serían sus beneficiarios directos. Indicó que la comisión requiere conocer los resultados concretos que estas medidas generarían para la población.

A su turno, la diputada Flor Meza pidió que se expliquen los mecanismos destinados a garantizar la transparencia y evitar el uso indebido de la inteligencia artificial y de los datos administrados por el Estado. También resaltó la necesidad de extender la interoperabilidad a todos los ministerios y proteger a quienes denuncien actos de corrupción.

La presidenta de la comisión, Paola Martínez Paitán (Renovación Popular) advirtió que la eventual creación de nuevas autoridades o entidades públicas no debe generar un incremento innecesario de la burocracia. Solicitó precisiones sobre el futuro del Pronied, las disposiciones legales que serían modificadas, las posibles excepciones al análisis de impacto regulatorio, los derechos de tramitación y la responsabilidad funcional. También pidió información sobre las competencias de la Contraloría, la propuesta de creación de una Autoridad Nacional de Transformación Digital y las garantías previstas para proteger los datos personales y los derechos ciudadanos en los entornos regulatorios de prueba.

El diputado José Baella Malca (RP) consultó sobre los alcances de la modificación propuesta al Decreto Legislativo 1141, norma de fortalecimiento y modernización del Sistema de Inteligencia Nacional (SINA) y de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI). En ese sentido, pidió que el Poder Ejecutivo detalle los cambios que pretende introducir para fortalecer ambas instituciones.

El diputado Henry Albañil Carmona (Partido Cívico Obras) señaló que la implementación del modelo de integridad alcanza aproximadamente a una tercera parte de las entidades públicas y consideró necesario concentrar los esfuerzos en los gobiernos locales. Por ello, solicitó conocer el enfoque jurídico que se aplicaría mediante la delegación de facultades para cerrar esta brecha en el menor tiempo posible.

Bernardino Manrique Olivera (Ahora Nación) afirmó que el principal obstáculo para la transformación digital no sería la ausencia de normas, sino la limitada aplicación de las disposiciones vigentes, especialmente del Decreto Legislativo 1412, Ley de Gobierno Digital. Cuestionó el reducido alcance de la interoperabilidad entre las entidades públicas y pidió cautela en el tratamiento de los datos administrados por empresas privadas. Asimismo, planteó que materias complejas como la inteligencia artificial, la seguridad digital, el comercio electrónico y los entornos regulatorios de prueba sean evaluadas de manera diferenciada.

Luis Quispe Candia (Partido del Buen Gobierno) sostuvo que la solicitud de facultades debe precisar las materias, el plazo y las razones de urgencia, conforme a las exigencias constitucionales. Propuso fortalecer la designación meritocrática de los funcionarios y promover desde la niñez la formación ética, la integridad y los valores. Además, solicitó información sobre el cumplimiento de las recomendaciones y compromisos asumidos por el Perú ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

En respuesta a las consultas, los representantes de la Presidencia del Consejo de ministros señalaron que las facultades solicitadas permitirían fortalecer la organización de la DINI, reducir las brechas de conectividad especialmente en las zonas rurales e impulsar la alfabetización y la transformación digital. Indicaron que se busca ofrecer servicios públicos con menores tiempos y costos, reforzar la seguridad digital, ampliar la interoperabilidad con el sector privado y establecer entornos seguros para probar soluciones basadas en inteligencia artificial. Asimismo, precisaron que cualquier modificación de la estructura de la DINI deberá contar con la debida justificación técnica.

En materia de gestión pública e integridad, informaron que las propuestas están orientadas a simplificar los procedimientos administrativos, reducir los requisitos y plazos establecidos en los TUPA, asegurar que los derechos de tramitación respondan a criterios técnicos y limitar la discrecionalidad de los funcionarios. También plantearon otorgar rango legal a las obligaciones vinculadas con el modelo de integridad, ampliar su implementación y fortalecer el papel de los oficiales de integridad en la promoción de la probidad, la transparencia y la prevención de la corrupción.

Finalmente, Paola Martínez informó que el miércoles 16 se presentará ante la comisión el informe correspondiente a la solicitud de delegación de facultades. Asimismo, anunció que el próximo viernes se realizará una sesión no ordinaria descentralizada en la región Piura para abordar asuntos relacionados con el fenómeno El Niño.

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