Iniciativa busca cerrar un vacío legal y reforzar la protección de niñas, niños y adolescentes frente a relaciones que vulneran sus derechos

La diputada de Ahora Nación, Marleny Arminta Valencia, presentó su octavo proyecto de ley, una iniciativa que busca prohibir de manera absoluta las uniones de hecho o convivencias que involucren a personas menores de 18 años y establecer sanciones para quienes las fuercen, promuevan, organicen o faciliten.

La propuesta, denominada “Ley que prohíbe las uniones de hecho infantiles y erradica su impunidad”, plantea modificar el artículo 326 del Código Civil para establecer que toda unión de hecho o convivencia en la que uno o ambos integrantes sean menores de edad sea nula de pleno derecho y carezca de todo efecto jurídico. Asimismo, dispone que estas uniones no puedan ser reconocidas, inscritas ni declaradas judicialmente.

Para la diputada Arminta, la protección de niñas, niños y adolescentes exige pasar de los discursos a medidas concretas que permitan cerrar vacíos legales y evitar que situaciones que vulneran sus derechos terminen siendo normalizadas o amparadas bajo figuras jurídicas.

“No podemos permitir que una niña o adolescente sea sometida a una convivencia que limite su desarrollo, afecte su proyecto de vida o la exponga a violencia y maternidad temprana. El Estado tiene la obligación de protegerla y actuar antes de que sea demasiado tarde”, sostuvo la parlamentaria.

Un proyecto que busca cerrar un vacío

Uno de los principales aportes de esta iniciativa es que no se limita a declarar la prohibición de las uniones de hecho infantiles, sino que incorpora mecanismos para enfrentar a quienes intervengan en su generación o mantenimiento.

Por ello, el proyecto propone incorporar los artículos 151-B y 151-C al Código Penal para sancionar la unión forzada de una persona menor de edad y la promoción o facilitación de una unión forzada.

La propuesta establece penas de cuatro a ocho años de prisión para quien, mediante violencia, amenaza, coacción, engaño, abuso de poder, dependencia económica o aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad, obligue, induzca o determine a un menor de edad a iniciar o mantener una unión de hecho.

La pena se elevaría a seis a diez años cuando el responsable sea un ascendiente, tutor, curador o una persona que ejerza una posición de particular autoridad o confianza sobre la víctima.

Asimismo, quien promueva, organice, acuerde o contribuya a la realización de una unión de hecho con un menor de edad podría recibir una pena de cinco a ocho años de prisión.

La iniciativa también precisa que la nulidad de la unión no elimina las responsabilidades que correspondan al conviviente mayor de edad respecto de filiación, alimentos, reparación por daños y protección frente a la violencia, derechos que tienen carácter irrenunciable.

“Este proyecto completa la protección que nuestros niños, niñas y adolescentes necesitan. No basta con decir que estas uniones están mal: debemos impedir que tengan reconocimiento jurídico y sancionar a quienes las imponen, promueven o facilitan”, enfatizó Arminta.

La parlamentaria señaló que esta iniciativa forma parte de una línea de trabajo que viene impulsando desde que asumió el cargo, colocando la protección de las poblaciones más vulnerables como una prioridad de su labor legislativa.

“Desde que juré como diputada asumí el compromiso de defender y proteger a nuestros niños, niñas, mujeres y adultos mayores. Ese compromiso no se queda en palabras: se traduce en proyectos de ley, fiscalización y acciones concretas para construir un país donde se respeten sus derechos y su dignidad”, concluyó.

DESPACHO, DIPUTADA  MARLENY ARMINTA VALENCIA