La Comisión de Ciencia, Innovación Tecnológica y Sociedad Digital de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad, con 15 votos a favor, el Plan de Trabajo correspondiente al Periodo Anual de Sesiones 2026-2027, presentado por su presidente, el diputado Diethell Columbus Murata (Fuerza Popular).

El documento establece las principales líneas de acción de la comisión para el presente periodo y busca fortalecer, desde el ámbito parlamentario, el desarrollo de la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital como herramientas para impulsar la productividad, modernizar el Estado y cerrar brechas territoriales.

Entre sus prioridades figuran el fortalecimiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, el impulso al talento científico y la educación STEM, la transferencia tecnológica y la innovación productiva, así como la ampliación de la conectividad y la infraestructura digital.

“Principalmente, buscamos llevar el trabajo de la comisión a un contacto directo con la ciudadanía. Para ello, vamos a trabajar de forma descentralizada, no solamente discutiendo los proyectos de ley que lleguen a la comisión, sino también realizando foros y audiencias públicas para recoger las inquietudes de los ciudadanos dentro de nuestro ámbito de competencia y canalizarlas, ya sea a través de medidas de control o de iniciativas legislativas”, señaló Columbus Murata.

FACULTADES LEGISLATIVAS

Posteriormente, la comisión debatió el informe respecto de la Proposición Legislativa 00098-2026-2031-CD, que plantea delegar facultades legislativas al Poder Ejecutivo por un plazo de 120 días calendario.

Tras la evaluación y el intercambio de opiniones entre los parlamentarios, el informe no fue aprobado por mayoría, al obtener 7 votos a favor, 9 en contra y 1 abstención.

En relación con el informe, el presidente de la comisión señaló que la posición de la mesa directiva era favorable a la delegación de facultades al Ejecutivo por un plazo acotado, al considerar urgente simplificar los procedimientos administrativos y mejorar los estándares de calidad regulatoria. Lamentó que esta propuesta no obtuviera el respaldo de la mayoría de los integrantes de la comisión, quienes consideraron que dichas reformas deben ser impulsadas desde el propio Parlamento.

Asimismo, sostuvo que la ciudadanía espera resultados y no confrontaciones entre el Legislativo y el Ejecutivo, por lo que planteó la necesidad de trabajar de manera coordinada para mejorar los servicios públicos y reducir la burocracia. “La gente está harta de la confrontación, la gente está harta de polarizar. La gente lo que quiere son resultados”, enfatizó.

Durante el debate, el diputado Nery Fernández Nina (Partido del Buen Gobierno) expresó su oposición al informe al considerar que no sustenta de manera suficiente la necesidad de delegar facultades al Poder Ejecutivo, especialmente en materias como simplificación administrativa, eliminación de barreras burocráticas y transformación digital.

Asimismo, sostuvo que la delegación de facultades debe ser excepcional y estar justificada por razones de urgencia, por lo que defendió que estas materias sean trabajadas directamente por el Parlamento con la participación de la academia, el sector empresarial y las entidades del Estado.

Por su parte, la diputada Bertha Patiño (Fuerza Popular) sostuvo que la simplificación de procedimientos constituye una necesidad urgente para atender de manera oportuna las emergencias que afectan a miles de peruanos.

Señaló que la excesiva burocracia y los trámites entre distintas entidades del Estado retrasan la atención a las poblaciones afectadas, como ocurre con las emergencias ocasionadas por el fenómeno de El Niño y los procesos de reconstrucción en Junín. Por ello, respaldó la delegación de facultades al Ejecutivo, al considerar que permitirá agilizar los procedimientos y contar con un Estado más eficiente para responder a las necesidades de la ciudadanía.

Asimismo, el diputado Jair Manrique Olivera (Ahora Nación) consideró que la transformación digital es importante, pero requiere un proceso serio, gradual y planificado, que incluya previamente conectividad, infraestructura digital, datos y rediseño de los procesos del Estado. Advirtió que pretender ejecutarla mediante una delegación de facultades en 120 días resulta insuficiente y pidió que el tema sea debatido con mayor profundidad en la comisión correspondiente y tomando en cuenta las necesidades de las regiones.

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