El Perú llega a esta elección no solo dividido, sino herido. Después de casi diez años de enfrentamientos permanentes, vacancias, censuras, disoluciones, acusaciones, reformas apresuradas y manoseo de instituciones, el país ha devenido en una república profundamente polarizada. Ya no hablamos únicamente de una disputa entre candidatos, partidos o programas de gobierno; hablamos de un quiebre más hondo: político, económico, social y territorial.

La primera gran lección de estas elecciones es contundente: sin importar quién gane, nadie podrá gobernar como si tuviera un cheque en blanco. En primera vuelta, alrededor del 90 % de la población electoral no respaldó a ninguna candidatura finalista. Ese dato no es menor. Significa que quien llegue a Palacio no lo hará con una legitimidad robusta, sino con una base inicial minúscula, frágil y obligada a construir consensos desde el primer día.

Incluso en segunda vuelta, el próximo gobierno nacerá con una legitimidad limitada. Si la presidencia se gana con alrededor de 9 millones de votos, frente a un padrón aproximado de 27 325 432 electores habilitados, estaremos ante un gobierno respaldado directamente por cerca de un tercio de la población electoral. Esa realidad impone humildad, prudencia y grandeza. Gobernar el Perú no puede convertirse en un acto de revancha; debe ser un ejercicio de reconstrucción nacional, que deje de lado las ideologías políticas y se enfoque en el desarrollo de nuestros pueblos olvidados.

El mapa electoral muestra con crudeza el tamaño del desafío. Las ciudades altoandinas y buena parte de la selva alta y baja han expresado mayoritariamente su respaldo a Roberto Sánchez, mientras que las grandes ciudades de la costa, desde Ica hasta Tumbes, han respaldado principalmente a Keiko Fujimori. Si se confirma la tendencia que la coloca como eventual ganadora, tendrá ante sí una pregunta decisiva: ¿cómo gobernar un país donde gran parte del territorio productivo y minero, andino y amazónico, la rechaza políticamente?

La pregunta es todavía más delicada si recordamos que la economía peruana depende en buena medida de la minería. Solo en 2025, el aporte fiscal del subsector minero representó aproximadamente el 15 % de la tributación nacional. Sin embargo, buena parte de la actividad minera se desarrolla precisamente en regiones que no se sienten representadas por la propuesta fujimorista. Allí está el gran dilema del próximo gobierno: no se puede sostener la economía ignorando políticamente a los territorios que la hacen posible.

A esta fractura territorial se suma un problema institucional severo. El desempeño de los organismos electorales, particularmente de la ONPE y el JNE, ha dejado una sensación amarga en amplios sectores ciudadanos. En pleno siglo XXI, con todas las herramientas tecnológicas disponibles, el país no puede normalizar procesos lentos, confusos y desgastantes que alimentan sospechas, frustración y desencanto democrático. Cuando la ciudadanía pierde confianza en los árbitros, la democracia empieza a perder oxígeno.

Frente a este panorama sombrío, solo existe una salida: reconciliación con coraje. El próximo gobierno deberá tender puentes, no levantar murallas. Deberá convocar, a través de espacios  que involucre a todos los gremios que cuentan con representatividad, todos los líderes políticos, sociales, empresariales, regionales y ciudadanos para consensuar una agenda mínima de emergencia nacional.

Esa agenda debe recoger el clamor expresado en campaña: derogar o corregir las leyes llamadas “procrimen”; restaurar el equilibrio de poderes; reactivar los motores de la economía; respetar el equilibrio financiero del Estado; garantizar justicia para las familias que perdieron seres queridos y aún no encuentran respuesta; mejorar seriamente la educación; priorizar la agricultura familiar; escuchar a las regiones andinas y amazónicas; y abrir un diálogo franco con quienes piensan distinto.

El Perú no necesita más soberbia, más odio ni más cálculo pequeño. Necesita una cultura humanista que vuelva a poner al ser humano en el centro de la política. Una cultura que entienda que detrás de cada voto hay una historia, una frustración, una esperanza y una demanda de dignidad.

El país está partido, sí. Pero no está condenado a permanecer así. La próxima presidencia tendrá una oportunidad histórica: gobernar para los suyos o gobernar para todos. Si elige lo primero, profundizará la fractura. Si elige lo segundo, podrá iniciar la difícil, pero urgente, reconstrucción moral, institucional y social del Perú.

 FERNANDO ARCE ALVARADO – PARLAMENTARIO ANDINO