El Pleno del Congreso aprobó el informe final de la Comisión Investigadora Multipartidaria encargada de revisar el Acuerdo de Colaboración Eficaz suscrito entre el Estado peruano y la empresa constructora Norberto Odebrecht Perú.

La representación nacional respaldó el documento con 83 votos a favor, 11 votos en contra y 2 abstenciones. Tras la votación, el presidente (e) del Congreso, Fernando Rospigliosi, quien condujo la sesión plenaria, informó que los resultados del informe “se tramitarán a las instancias correspondientes”.

ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN

La comisión investigadora revisó la negociación, homologación y ejecución del acuerdo de colaboración eficaz, así como sus posibles efectos económicos y legales en perjuicio del Estado peruano. Para cumplir ese objetivo, el grupo parlamentario analizó información remitida por el Ministerio Público, la Procuraduría Ad Hoc, la Contraloría General de la República y el Poder Judicial.

Asimismo, la comisión recogió declaraciones de más de 25 comparecientes, con el fin de establecer responsabilidades políticas, administrativas y penales vinculadas al acuerdo suscrito con la constructora brasileña.

SUSTENTACIÓN DEL INFORME

Durante la sustentación, el presidente de la comisión especial, congresista Alejandro Muñante Barrios (bancada RP), sostuvo que el acuerdo con Odebrecht habría presentado 10 presuntos vicios sustantivos y procedimentales.

Según el informe, el convenio solo incorporó 4 proyectos, pese a que la Contraloría había advertido irregularidades en 21 proyectos relacionados con la empresa. Además, el documento cuestiona que Odebrecht no entregara información de los sistemas Drousys y MyWebDay, considerados claves para identificar presuntos pagos ilícitos.

El informe también observa la exención de pena a exfuncionarios de Odebrecht, la exclusión de sanciones administrativas, la inaplicación de impedimentos para contratar con el Estado y la exclusión de la Ley N.° 30737, norma vinculada al pago de reparación civil en casos de corrupción.

En el aspecto económico, la comisión sostiene que Odebrecht debió restituir aproximadamente S/ 1 320 millones. Sin embargo, el acuerdo fijó una reparación de S/ 610 millones, lo que habría generado una diferencia cercana a S/ 710 millones. Además, el informe señala que, tras la venta de la Hidroeléctrica Chaglla por alrededor de S/ 4 500 millones, solo se destinó S/ 80 millones al primer pago de la reparación civil.

PRESUNTOS INDICIOS DE DELITOS

El documento aprobado identifica presuntos indicios de delitos contra fiscales, exautoridades y otros involucrados en el caso. Entre los mencionados figuran José Domingo Pérez, Rafael Vela, Zoraida Ávalos, Gustavo Gorriti, Jorge Ramírez, Silvana Carrión y Pablo Sánchez.

De acuerdo con la presentación del informe, los hechos podrían estar vinculados a presuntos delitos como prevaricato, encubrimiento, omisión de actos funcionales, abuso de autoridad, cohecho, tráfico de influencias y obstrucción a la justicia.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La comisión concluye que el Acuerdo de Colaboración Eficaz con Odebrecht habría resultado lesivo al interés nacional y podría estar afectado por una posible nulidad parcial. Además, sostiene que el convenio habría generado beneficios indebidos para la empresa, limitado la recuperación económica del Estado y debilitado el principio de legalidad en un caso de corrupción transnacional.

Por ello, el informe recomienda revisar integralmente el acuerdo y promover su anulación judicial parcial. También plantea iniciar procesos disciplinarios y penales contra los funcionarios involucrados, reformar el marco legal de colaboración eficaz, incorporar mayor control parlamentario y asegurar la participación de la Fiscalía de la Nación y la Procuraduría General del Estado en futuros acuerdos.

Finalmente, la comisión propone crear una Comisión de Seguimiento Parlamentario Permanente para supervisar acuerdos de colaboración eficaz en casos de gran corrupción.

DEBATE

Durante el debate, el vocero de la bancada Acción Popular, Edwin Martínez, criticó al Ministerio Público y sostuvo que el país enfrenta una “guerra” contra fiscales como José Domingo Pérez. Además, afirmó que algunos fiscales buscan protagonismo mediático y “ganarse rentas ajenas”, mientras —según dijo— “entregan la obra pública del Perú a empresas corruptas.

A su turno, el congresista Wilson Soto (bancada AP) respaldó el informe final y destacó el trabajo de Muñante, al que calificó como “imparcial” y “objetivo”. También agradeció a los magistrados del Tribunal Constitucional porque, según señaló, permitieron que los peruanos conozcan “la verdad” sobre el caso. En una intervención anterior, Soto cuestionó a Odebrecht por llevarse activos del país y acusó a fiscales vinculados al caso de haber causado daño al Estado peruano.

Asimismo, los congresistas Américo Gonza (bancada PL) y Luis Aragón (bancada AP) expresaron su respaldo a la aprobación del informe final.

ANTECEDENTES DEL CASO

Vale indicar que la Comisión Investigadora Multipartidaria fue creada mediante la Moción N.° 15431, aprobada por el Pleno del Congreso el 12 de marzo de 2025 con 92 votos a favor. El grupo legislativo estuvo presidido por el congresista Alejandro Muñante Barrios y tuvo como encargo investigar los actos vinculados a la negociación, celebración, homologación y ejecución del acuerdo de colaboración eficaz entre el Estado peruano y Odebrecht.

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL