Con 18 votos a favor y 1 abstención, la Comisión de Constitución y Reglamento aprobó el dictamen recaído en el Proyecto de Ley 13616/2025-CR que propone la creación del Registro Nacional de Precedentes con el fin de promover la seguridad jurídica, la predictibilidad de las decisiones y el acceso ciudadano a los precedentes emitidos por nuestros órganos jurisdiccionales y administrativos.

El texto aprobado refiere que, a la fecha, la problemática identificada es que, si bien existen diversos sistemas de consulta de jurisprudencia y precedentes, estos se encuentran dispersos en múltiples plataformas sin interoperabilidad, ni un sistema unificado de consulta.

Esta dispersión dificulta la identificación oportuna de criterios vinculantes, genera incertidumbre jurídica, debilita la uniformidad interpretativa y aumenta el riesgo de decisiones contradictorias frente a casos semejantes.

Frente a esta realidad, la iniciativa propone la creación del Registro Nacional de Precedentes, a través, de una plataforma digital unificada que permita recopilar, sistematizar, actualizar y difundir de manera ordenada y accesible los precedentes emitidos por el Tribunal Constitucional, Poder Judicial y diversas entidades administrativas como Indecopi, Ositrán, Osinergmin, Servir, entre otros.

De esta manera, jueces, funcionarios, abogados y ciudadanos en general, podrán identificar con claridad los criterios obligatorios vigentes, fortaleciendo así la predictibilidad de las decisiones públicas y la confianza en nuestras instituciones.

Del mismo modo, permitirá una gestión pública más eficiente reduciendo litigios innecesarios optimizando recursos y facilitando la resolución de controversias en aquellos ámbitos donde la norma requiere un desarrollo interpretativo.

La autora de la propuesta, congresista Maricarmen Alva Prieto (bancada Acción Popular), manifestó que el dictamen representa una base importante hacia un sistema jurídico más moderno, transparente y accesible para todos.

CONTROL DE DECRETOS LEGISLATIVOS

Seguidamente, la Comisión de Constitución y Reglamento, que fue dirigida por su secretario, Juan Carlos Lizarzaburu Lizarzaburu (bancada APP), aprobó por 18 votos a favor y 3 abstenciones, los informes de control de legalidad de nueve decretos legislativos referidos a la seguridad ciudadana, reactivación de obras paralizadas, homologación de bienes y servicios, entre otros temas.

Entre ellos están:
-Decreto Legislativo 1579, Decreto Legislativo que autoriza el uso de los recursos de canon y sobrecanon para el fortalecimiento de la seguridad ciudadana, sin afectar la autonomía de los gobiernos regionales y gobiernos locales.

-Decreto Legislativo 1571, Decreto Legislativo que modifica la Ley Nº 29010, Ley que faculta a los gobiernos regionales y gobiernos locales a disponer recursos a favor de la Policía Nacional del Perú.

-Decreto Legislativo 1584, Decreto Legislativo que modifica la Ley N.°31589, Ley que garantiza la reactivación de obras públicas paralizadas.

-Decreto Legislativo 1586, Decreto Legislativo que establece disposiciones para la homologación de bienes y servicios para la mitigación del Fenómeno del Niño.

De los análisis realizados, se concluye que estos dispositivos legales cumplen con los parámetros constitucionales y reglamentarios exigidos para su emisión.

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL