Con la finalidad de fortalecer la seguridad vial y contribuir a la prevención del delito, la Comisión de Transportes y Comunicaciones aprobó el dictamen que propone la Ley que establece la cancelación de la licencia de conducir e inhabilitación para obtener una nueva licencia en caso de personas condenadas por delitos cometidos con vehículo motorizado.

La iniciativa legislativa se sustenta en el Proyecto de Ley 10465/2024-CR), cuya autora es la congresista Jeny López Morales (bancada FP). Obtuvo 15 votos a favor, cero votos en contra y 1 abstención.

De acuerdo con el titular de este grupo de trabajo, Juan Carlos Mori Celis (bancada AP), la “oportunidad de la iniciativa se vincula con el contexto actual de inseguridad ciudadana y la percepción de incremento de delitos cometidos mediante el uso de motocicletas y otros vehículos motorizados”.

“En ese sentido, resulta pertinente que el legislador evalúe medidas orientadas a reforzar los mecanismos de control y prevención”; y para ello, “introduce como requisito indispensable la existencia de una sentencia condenatoria firme para la aplicación de la sanción, lo que garantiza el respeto del debido proceso y la seguridad jurídica”.

“Asimismo”, señaló, “incorpora criterios de gradualidad en función de la gravedad del delito, diferenciando entre delitos sin violencia, con violencia o intimidación, y aquellos que afectan la vida o la integridad personal, permitiendo una respuesta sancionadora proporcional”.

La fórmula legal contiene ocho artículos y una Disposición Complementaria Final.

REGULACIÓN
De inmediato, se aprobó el dictamen que propone la Ley que modifica el Decreto Legislativo 1182, Decreto Legislativo que regula el uso de los datos derivados de las telecomunicaciones para la identificación, localización y geolocalización de equipos de comunicación, en la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado.

El dictamen se sustenta en los proyectos de ley 9877/2024-CR, 10632/2024-CR, 11065/2024-CR, 11163/2024-CR, 11650/2024-CR, 12510/2025-CR y 12583/2025-CR. Obtuvo 18 votos a favor, cero votos en contra y 1 abstención.

Juan Carlos Mori Cleis manifestó que “el problema público identificado es claro: el incremento de la criminalidad organizada y de los delitos como extorsión, secuestro y estafas digitales que utilizan chips extranjeros, SIM no registradas, numeración virtual, y tecnologías como grooming (…), para evadir el rastreo policial”.

“Esta situación genera vacíos normativos que limitan la capacidad de la Policía Nacional para acceder a datos de localización en tiempo real, produciendo espacios de impunidad”, expresó.

“La fórmula legal propuesta en el texto sustitutorio”, dijo, “resuelve este problema mediante una reforma integral del Decreto Legislativo 1182 modificando los artículos 2, 3, primer párrafo y se incorporan los literales d, e, f, g y h; 4; 5, párrafos 5.2, 5.3 y 5.4 y se incorpora el párrafo 5.5; y 6

El Decreto Legislativo 1182 regula el uso de los datos derivados de las telecomunicaciones para la identificación, localización y geolocalización de equipos de comunicación, en la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado.

EXPOSICIONES
Seguidamente, el viceministro de Transportes, del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Juan del Carmen Haro Muñoz, se hizo presente en el seno de la comisión para informar presuntas irregularidades en las licitaciones de cámaras de videovigilancia y supuesto favorecimiento a un consorcio peruano-boliviano en una licitación realizada por el sector.

Además, respondió sobre el estado situacional y acciones de priorización para la viabilidad y ejecución del aeródromo de San Lorenzo, en la provincia del Datem del Marañón (Loreto); avance de los estudios de viabilidad para la ejecución del proyecto de Hidrovía Amazónica; el nuevo retraso en la ejecución del Aeropuerto Internacional de Chinchero.

El alto funcionario estuvo acompañado por el presidente ejecutivo de la Autoridad Autónoma de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), David Hernández Salazar; y otros funcionarios de su sector.

Estuvo presente el vicecontralor de la Contraloría General de la República, Marco Antonio Argandoña Dueñas, y el gerente general del Consorcio Natividad de Chinchero, Gerardo Mario Pucciarello; para informar sobre las observaciones referidas al nuevo retraso en la ejecución del Aeropuerto Internacional de Chinchero y la ampliación de la culminación del proyecto por parte del contratista.

Sobre el tema, participaron el alcalde de la Municipalidad Distrital de Chinchero, Alcides Cusihuaman Auccacusi, sobre la perspectiva local sobre el impacto del proyecto Aeropuerto Internacional de Chinchero y los compromisos pendientes; y presidentes de comunidades campesinas para presentar sus preocupaciones sobre los retrasos de la obra.

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL