La Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, presidida por el congresista Víctor Flores Ruiz (bancada FP), aprobó, por mayoría, el dictamen recaído en el Proyecto de Ley N.° 13478/2025-CR, que plantea modificar la Ley de Tributación Municipal con el fin de fortalecer la sostenibilidad de los comedores populares y las ollas comunes de carácter permanente mediante la inafectación del impuesto predial.

El grupo de trabajo respaldó la propuesta con 20 votos a favor, ningún voto en contra y una abstención. De esta manera, la iniciativa legislativa busca otorgar alivio tributario a organizaciones sociales de base que cumplen una función esencial en la atención alimentaria de la población más vulnerable.

Según la fórmula legal aprobada, el artículo 17 del Decreto Legislativo 776, Ley de Tributación Municipal, incorporará como predios inafectos al pago del impuesto predial a aquellos que pertenezcan a comedores populares y ollas comunes permanentes, siempre que formen parte del Programa de Complementación Alimentaria conforme a la normativa vigente.

Asimismo, el texto precisa que el uso parcial o total del inmueble con fines lucrativos, o para fines distintos a los propios de las instituciones beneficiadas, ocasionará la pérdida de la inafectación. Sin embargo, la propuesta aclara que los emprendimientos desarrollados por comedores populares y ollas comunes, dentro del marco legal vigente, no generarán dicha pérdida.

De aprobarse en el Pleno, la iniciativa entraría en vigor el 1 de enero de 2027. Además, el Poder Ejecutivo deberá adecuar las disposiciones reglamentarias correspondientes en un plazo no mayor de 90 días calendario contados desde la publicación de la ley.

Vale indicar que la propuesta reconoce el papel social que cumplen las organizaciones sociales de base en la lucha contra la pobreza, la inseguridad alimentaria y la vulnerabilidad extrema. En esa línea, el dictamen recuerda que el Estado peruano declaró de prioritario interés nacional la labor de los comedores populares mediante la Ley 25307 y, posteriormente, reconoció a las ollas comunes a través de la Ley 31458.

De acuerdo con el documento “Perú: Indicadores de Gestión Municipal 2025”, al 31 de diciembre de 2024 funcionaban en el país 13,826 comedores populares y 4,991 ollas comunes. Estas organizaciones atienden diariamente a población vulnerable, entre ellos niños, adultos mayores, madres gestantes, personas con discapacidad y pacientes afectados por tuberculosis.

Por ello, el dictamen sostiene que la medida beneficiará directamente a los comedores populares y ollas comunes permanentes que integran el Programa de Complementación Alimentaria. Además, favorecerá a cerca de un millón de personas que reciben raciones diarias a bajo costo o de manera gratuita.

REACTIVACIÓN DE LA PLANTA CONCENTRADORA DE TIQUILLACA

En otro momento, la Comisión de Economía aprobó, por mayoría, el dictamen recaído en el Proyecto de Ley N.° 5641/2023-CR, que declara de interés nacional la reactivación y puesta en funcionamiento de la planta concentradora de Tiquillaca de la Universidad Nacional del Altiplano, ubicada en el departamento de Puno.

La propuesta recibió 19 votos a favor, ningún voto en contra y una abstención. Con esta decisión, el grupo parlamentario busca promover acciones que permitan garantizar el suministro continuo y confiable de energía eléctrica para la operación de dicha planta.

El dictamen señala que la planta concentradora de Tiquillaca, con capacidad de tratamiento de 50 toneladas por día, no opera desde hace más de 30 años por la falta de energía eléctrica trifásica. Esta situación afecta las prácticas académicas de estudiantes de Ingeniería Metalúrgica, Minas, Geología y carreras afines.

Cabe mencionar que la planta inició operaciones en 1985 y paralizó sus actividades en junio de 1990. Durante su funcionamiento alcanzó una producción total de 1 023 804 toneladas métricas de minerales polimetálicos, entre ellos plomo, plata y zinc. Posteriormente, en 1993, fue transferida a la Universidad Nacional del Altiplano.

IMPULSO ACADÉMICO Y PRODUCTIVO PARA PUNO

La reactivación de la planta permitirá que los estudiantes realicen prácticas especializadas en mineralurgia, metalurgia extractiva y procesos de concentración de minerales. Asimismo, la iniciativa plantea que la infraestructura pueda contribuir al desarrollo de pequeños mineros, comunidades locales y empresas interesadas en acceder a servicios técnicos.

El dictamen también destaca el rol de la Universidad Nacional del Altiplano en la formación de profesionales vinculados a la minería, la ingeniería y la investigación aplicada. Además, resalta que la casa de estudios ha financiado proyectos relacionados con energía, contaminación ambiental, minería informal, inteligencia artificial y estudios sobre impactos del mercurio en Puno.

Finalmente, la propuesta precisa que la iniciativa no generará gasto adicional al Estado por su carácter declarativo. No obstante, exhorta al Poder Ejecutivo, al Ministerio de Educación y al Ministerio de Economía y Finanzas a adoptar las acciones necesarias para promover el funcionamiento de la planta concentradora de Tiquillaca.

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL