Con el fin de incorporar a la carrera pública magisterial a los docentes titulados de educación básica y educación técnico-productiva de los establecimientos penitenciarios, el Pleno del Congreso aprobó, por mayoría, el dictamen que propone modificar el primer artículo de la Ley 29944, Ley de Reforma Magisterial.

La iniciativa legislativa se sustenta en los proyectos de ley 5665/2023-CR, 6284/2023-CR, 9623/2024-CR, 11100/2024-CR, 11745/2023-CR y 13282/2025-CR. Obtuvo en primera votación 80 votos a favor, 12 votos en contra y 4 abstenciones. Luego, fue exonerada de segunda votación.

El titular de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, Flavio Cruz Mamani (bancada PL), sostuvo que esta propuesta legal corrige “una situación de desigualdad normativa y laboral que afecta desde hace años a los docentes penitenciarios, quienes realizan funciones pedagógicas, directivas y de especialidad equivalentes a las desarrolladas por los docentes del sistema educativo nacional”.

“Sin embargo, pese a ello, permanecen excluidos de la carrera pública magisterial y de los beneficios, incentivos y mecanismos de desarrollo profesional que esta reconoce”, expresó.

La fórmula legal modifica el artículo 1 de la Ley 29944, Ley de Reforma Magisterial, para incorporar a los mencionados docentes del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) adscrito al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Además, contiene cinco Disposiciones Complementarias Finales.

En la primera se establece que esta medida “se financia durante el año fiscal en curso con cargo al presupuesto institucional del Instituto Nacional Penitenciario, sin demandar recursos adicionales al tesoro público. Para los años fiscales siguientes, el Ministerio de
Economía y Finanzas provee los recursos necesarios en el presupuesto público, en el marco de la programación multianual”.

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