Durante la sesión de la Comisión de Vivienda y Construcción, presidida por la congresista María Acuña Peralta (bancada Alianza para el Progreso), se aprobó el dictamen recaído en los proyectos de ley 10988/2024-CR y 11205/2025-CR, que declara de necesidad pública el financiamiento y la construcción de una nueva sede institucional de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) en el distrito de Jesús María, provincia y departamento de Lima. Esta propuesta servirá para superar la actual precariedad de la infraestructura física de la entidad, que hoy genera sobrecostos por alquileres y fragmentación administrativa.

Durante el debate, la congresista Kira Alcarraz Agüero (bancada Podemos Perú) intervino a favor de la propuesta, señalando que fortalecer instituciones como la SBN permite «generar mayores oportunidades de inversión, desarrollo urbano planificado y acceso a servicios de la ciudadanía». Tras la sustentación, la iniciativa fue aprobada, por unanimidad, con 12 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.

Posteriormente, se expuso el dictamen de inhibición recaído en los proyectos de ley 13351/2025-CR, 13668/2025-CR, 13694/2025-CR, 13701/2025-CR, 13819/2025-CR, 13994/2025-CR, 14020/2025-CR y 14106/2025-CR,  que buscar incorporar a los trabajadores de Cofopri, que laboran bajo el régimen del Decreto Legislativo 1057, que regula el régimen especial de contratación administrativa de servicios a plazo indeterminado en el régimen laboral del Decreto Legislativo 728 e implementa una nueva escala remunerativa, así como la incorporación y cambio de régimen laboral para los trabajadores de esa entidad.

Al respecto, el congresista Segundo Quiroz Barboza (bancada APP), autor de una de las iniciativas, señaló que la propuesta busca ordenar el sistema laboral en el sector público. En tanto, la congresista Jessica Córdova (bancada de Renovación Popular) planteó una cuestión previa para que el dictamen continúe en evaluación por parte de la comisión, siendo aprobada por mayoría.

En otro punto de la sesión, el congresista Jorge Marticorena Mendoza (bancada Alianza para el Progreso) sustentó el Proyecto de Ley 13820/2025-CR, que busca establecer, por única vez y con carácter temporal, el procedimiento excepcional de conclusión del régimen de apoyo transitorio  (RAT). Sobre ello,  el legislador explicó que el texto tiene como propósito brindar una salida técnica responsable a las Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPS) que se encuentran bajo la administración del OTASS, fortaleciendo la autonomía de las municipalidades y mejorando la continuidad del servicio de agua potable para la población.

A su turno, la congresista Janet Rivas Chacara (bancada Perú Libre) sustentó el Proyecto de Ley 12747/2025-CR, que modifica la Ley 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, para fortalecer la seguridad en edificaciones de riesgo alto y muy alto. La iniciativa legislativa exige la evaluación a cargo de un grupo especializado de inspectores para garantizar una fiscalización rigurosa del desempeño de los locales, a fin de salvaguardar la vida humana y prevenir tragedias vinculadas a la falta de mantenimiento estructural.

EXPONE

Luego, la comisión recibió la participación de José Ernesto Montalvo de Falla, presidente del directorio del Fondo Mivivienda, quien informó sobre la gestión de la entidad, señalando que el fondo ha beneficiado a más de 805 000 familias y enfoca su labor en cerrar la brecha habitacional de 1.9 millones mediante la articulación entre el Estado y los sectores financieros.

En esa línea, el gerente general del Fondo Mivivienda, Cristian Renato Moreno, precisó que para este año el presupuesto asignado para bonos es de 1 088 millones de soles y que al cierre del primer trimestre del 2026 ya se han entregado más de 15 mil millones en bonos familiares habitacionales acumulados desde el inicio del programa. Tras la presentación, la presidenta del grupo de trabajo, María Acuña Peralta, felicitó la labor institucional destacando el impacto directo en las ciudadanos.

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL