La Comisión de Salud y Población, presidida por la congresista Magaly Ruiz Rodríguez (bancada APP), aprobó este martes, por mayoría, el dictamen recaído en los proyectos de ley 13876/2025-CR, 13991/2025-CR, 14131/2025-PE y 14359/2025-CR, que propone reconocer y fortalecer al Instituto Nacional de Oftalmología (INO), así como precisar su naturaleza jurídica como organismo público ejecutor adscrito al Ministerio de Salud. La propuesta recibió 16 votos a favor y 4 abstenciones.

El dictamen plantea que el INO cuente con personería jurídica de derecho público interno, pliego presupuestal propio y autonomía funcional, administrativa, técnica, económica y financiera. Con ello, la institución tendría mejores condiciones para dirigir, gestionar y ejecutar acciones especializadas en salud ocular a nivel nacional.

Asimismo, la iniciativa busca que el instituto ejerza un rol técnico más amplio en la Red Nacional de Salud Ocular y Visual, proponga políticas públicas, normas y protocolos al Ministerio de Salud, brinde atención médico-quirúrgica de alta especialidad y lidere investigaciones clínicas, epidemiológicas y tecnológicas vinculadas a la salud visual.

Durante el análisis técnico, la comisión sustentó que el actual modelo de gestión hospitalaria del INO requiere una actualización frente al crecimiento de la demanda social y a las complejidades epidemiológicas del país.

La propuesta advierte que la discapacidad visual constituye la segunda causa de discapacidad en el Perú. Además, señala que cerca de 160 mil peruanos son invidentes y que alrededor de 600 mil personas sufren algún tipo de discapacidad visual. También precisa que muchos casos podrían prevenirse o tratarse con intervenciones oportunas.

En esa línea, el dictamen recuerda que la catarata representa una de las principales causas de ceguera en el país, pese a que puede revertirse en más del 80 % de casos si recibe atención a tiempo.

DEBATE 

Durante el debate, el congresista Jorge Marticorena (bancada APP) planteó que el dictamen precise con mayor claridad el rol del INO como organismo público ejecutor e incorpore sus funciones generales. También propuso que el artículo referido al “ámbito de competencia” pase a denominarse “funciones generales”.

En esa línea, sostuvo que el instituto debe planificar, dirigir, ejecutar, monitorear y evaluar las prestaciones de salud visual a nivel nacional. Además, indicó que el INO debe asumir responsabilidad en el programa presupuestal de prevención, promoción y atención de la salud ocular, bajo coordinación del Minsa.

Por su parte, la congresista María Taipe Coronado (bancada PL) respaldó la propuesta y planteó adicionar funciones específicas.

La parlamentaria precisó que el INO debe “planificar, dirigir, coordinar, ejecutar, monitorear y evaluar la gestión de las prestaciones de salud visual con calidad, disponibilidad y aceptabilidad a nivel nacional”.

SERUMS Y USO DEL BENEFICIO POR DISCAPACIDAD

En otro momento de la sesión, la comisión recibió información de funcionarios del Ministerio de Salud y del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis) sobre el proceso de adjudicación de plazas del Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud (Serums).

El representante del Minsa, Carlos Espinoza Barreto, informó que más de 400 profesionales presentaron carné de Conadis o certificados de discapacidad para acceder al puntaje correspondiente. Sin embargo, precisó que, tras consultas y verificaciones, se identificaron 371 casos con observaciones o inconsistencias, principalmente por falta de documentación suficiente para acreditar la condición alegada.

A su turno, Richard Ruiz Moreno, de la Dirección de Prevención y Control de la Discapacidad del Minsa, señaló que recibieron una lista de 429 postulantes que presentaron documentación vinculada a discapacidad. Explicó que la revisión identificó 379 certificados válidos registrados en el módulo de discapacidad de la historia clínica electrónica del Minsa, aunque uno de ellos correspondía al menor hijo de un postulante y no al profesional inscrito.

CONADIS ACLARA ALCANCE DEL CARNÉ

Asimismo, aclaró que el carné de Conadis no acredita por sí solo la discapacidad, sino la inscripción en el Registro Nacional. Precisó que la condición de discapacidad se acredita mediante el certificado correspondiente, conforme a la Ley 29973 y a la Norma Técnica de Salud 127.

La presidenta de la Comisión de Salud, Magaly Ruiz, señaló que el grupo parlamentario convocó a funcionarios del Minsa y Conadis para aclarar el uso del beneficio por discapacidad en el proceso Serums.

Ruiz advirtió que el Serums cumple un rol esencial en la atención de poblaciones vulnerables, especialmente en zonas alejadas, y que también resulta clave para el desarrollo profesional, porque permite el acceso a la carrera pública, al residentado médico y a otros procesos de especialización.

Además, la congresista alertó que algunas denuncias públicas apuntan a diagnósticos que no se ajustarían a lo establecido en la Ley 29973, norma que define a la persona con discapacidad como aquella que presenta deficiencias físicas, sensoriales, mentales o intelectuales de carácter permanente.

Finalmente, Ruiz advirtió que algunos profesionales con discapacidad habrían adjudicado plazas en zonas alejadas o de mayor dificultad, situación que, según indicó, podría no corresponder con su condición permanente y representar un riesgo para su salud e integridad física.

El congresista Alex Paredes (bancada SP) también expresó preocupación por el posible uso distorsionado del beneficio por discapacidad en concursos públicos como el Serums. El parlamentario sostuvo que el registro en Conadis es voluntario, pero que el registro en el Minsa resulta obligatorio para acreditar la condición.

Paredes pidió al Ministerio de Salud entregar la relación de las últimas personas beneficiarias con documentos de Conadis que participan en el concurso público del Serums. Además, advirtió que podrían existir responsabilidades no solo en quienes presentan documentos, sino también en quienes emiten resoluciones de vínculo laboral si no verifican adecuadamente la información.

Por su parte, la Contraloría General de la República solicitó la reprogramación de su participación, debido a que aún recopila información vinculada al Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud.

El grupo parlamentario aprobó, con 16 votos a favor, invitar al ministro de Salud, Juan Carlos Velasco Guerrero, a la próxima sesión, teniendo en cuenta lo manifestado durante el debate sobre la adjudicación de plazas del Serums, a pedido del congresista Alex Paredes.

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL